Paula Ruiz
Diputadas de la Comisión de la Mujer aprobaron un texto sustitutivo sobre el proyecto de ley que busca establecer sanciones a quien ejerza violencia política en perjuicio de las féminas.
Se trata del expediente 20.308 que pretende proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género en la política.
Se busca resguardar a mujeres en partidos políticos, ya sea aspirantes a puestos de elección popular así como aquellas que ya lo ejercen, entre otros cargos.
Según este proyecto de ley, la violencia política se define de la siguiente forma:
“Toda conducta, sea por acción o por omisión, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública, que esté basada en razones de género o en la identidad de género, ejercida de forma directa, o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.
Dentro de los aspectos que se buscan sancionar están:
- obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas.
- forzar a la renuncia de la precandidatura, candidatura o cargo político o a lo interno de una organización social.
- afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.
- perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.
“Este proyecto es sumamente importante… la violencia contra mujeres en política es una realidad”, manifestó la diputada oficialista Nielsen Pérez.
Las sanciones
El proyecto establece un plazo de tres meses para la investigación respectiva incluyendo la resolución final, pues deberá tramitarse con prioridad.
Según el cargo de la persona a quien se le compruebe haber ejercido violencia de este tipo, así será la sanción correspondiente.
De esta forma, a diputados o diputadas se les hará una amonestación ética pública y se exponen a la pérdida o suspensión de su credencial como legislador.
A alcaldes, alcaldesas e intendencias tanto titulares como suplentes, se establece una amonestación escrita e incluso la suspensión o pérdida de la credencial conforme al incisco e) del artículo 18 del Código Municipal.
La misma sanción recaería sobre regidores, regidoras, síndicas y síndicos aunque varía la aplicación del artículo establecido en el Código Municipal.
Esta iniciativa se presentó desde el año 2017.
