Banco Nacional solicita a Gobierno enmendar proyecto de ley en acuerdo con el FMI

Luego de que el Poder Ejecutivo anunciara, el pasado 22 de enero, tres proyectos de ley para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), diversos sectores señalaron inconsistencias en los textos de dos de ellos (impuestos a casas de lujo y renta global).

Este martes, el tercero fue cuestionado públicamente por el Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica, el cual solicitó al gobierno reformularlo.

Se trata del proyecto de ley N° 22.384, el cual establece que 14 empresas públicas deben hacer un aporte de hasta el 30% de sus utilidades, como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia.

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Política expansiva

Sin embargo, la entidad financiera afirma que esta carga adicional tendría un efecto negativo en el crédito. Esto evitaría que se otorguen casi ¢74.000 millones en préstamos. 

Además, dicha propuesta va en contra de la “política expansiva” que adoptó el Banco Central la cual busca fomentar el otorgamiento de créditos a la población, explicó el gerente general de la institución, Bernardo Alfaro.

Por esta razón, la institución advierte que la inclusión de la banca pública en esta propuesta sería contraproducente. Por otro lado, recordó que, actualmente, más del 60% de las utilidades que recibe el Conglomerado son trasladadas al Gobierno Central y entidades con fines específicos.

Más bien, la institución hizo un llamado a las autoridades para que consideren una opción de dividendo único en vez del modelo de contribución planteado actualmente. De esta forma, el acuerdo con el FMI podría materializarse, algo que la entidad ve como fundamental.

Con la “Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense”, Hacienda pretende recaudar anualmente un 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB), durante cuatro años.

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Efectos en el crédito

El Nacional señaló que, debido a la normativa vigente, los bancos (públicos o privados), deben tener cierto nivel de patrimonio para colocar recursos en crédito. Por esto, al destinar más fondos de las utilidades “representaría una limitante para el crecimiento de dicho crédito”, afirmó.

Según sus estimaciones, cada colón adicional de utilidad que el Banco Nacional deba trasladar al Gobierno Central, implicaría un total de 10 colones para créditos.

Para los próximos tres años, dadas las utilidades proyectadas por la institución, “se estima que la contribución adicional sería de ¢8.334 millones, lo que significará dejar de dar en crédito en el período 2022-2025, la suma de ¢73.881 millones”, agregó la institución.

Ese monto sería el equivalente al total de 15.000 créditos para mipymes o 2.500 préstamos para viviendas, según los promedios históricos manejados por el banco.

“Recordemos que más del 40% de la cartera de crédito colocado por el BN se encuentra colocado en 75.000 Micro, Pequeñas y Medianas empresas que constituyen a su vez casi el 40% del total de clientes de crédito del banco. 

“Se estima que cada punto porcentual menos, de crecimiento en el crédito se asocia, luego de un año, con hasta 0,34 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB. Por ello, sabemos que el aporte adicional propuesto provoca un golpe a la reactivación económica tan urgente en este momento”, puntualizó el comunicado.

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Propuesta

De acuerdo con la entidad, un dividendo único al Gobierno le permitiría hacer uso de los recursos según sus necesidades y no lo limita a fines predefinidos.

Bajo este escenario, el Nacional “contribuiría (adicional al impuesto de renta) con el Gobierno Central en el período 2021- 2024, con ¢19.044 millones, que son recursos nuevos que hoy no le están ingresando.

“Con la contribución adicional planteada el aporte en ese período sería de ¢8.344 millones, es decir, ¢10.710 millones menos”, afirma.

La entidad asegura que, de adoptarse esta propuesta, el Gobierno ingresaría más del doble de lo que podría recaudar con el planteamiento actual.

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Proyecto de ley

Según el texto presentado, la medida se aplicaría a las siguientes empresas públicas:

• Banco de Costa Rica
• Banco Nacional de Costa Rica
• Instituto Nacional de Seguros
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz
• Correos de Costa Rica
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
• Editorial Costa Rica
• Instituto Costarricense de Electricidad
• Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica
• Junta de Protección Social
• Instituto Costarricense de Ferrocarriles
• Radiográfica Costarricense
• Refinadora Costarricense de Petróleo
• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

El porcentaje específico correspondiente se determinará vía decreto.

“Para determinar el monto efectivo que deberá pagar cada entidad, el Poder Ejecutivo podrá asignar porcentajes de aporte diferentes, en función de factores como: disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, entre otras.

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“Siempre que el monto agregado de todos los aportes por año sea equivalente al 0,20% del PIB y que no supere el límite establecido del 30% a las utilidades disponibles”, explica el proyecto de ley.

También se prohibió a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos. Esto con la finalidad de evitar que traslade la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.