Rodrigo Díaz
Un total de 26.000 deudores se vieron beneficiados por las facilidades crediticias por un monto de ¢826.251 millones.
Los fondos provienen del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La colocación estuvo a cargo de los bancos y otras entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras.
La suma representó el 98% de todos los recursos disponibles de la facilidad denominada Operaciones Diferidas a Plazo (ODP).
La colocación finalizó el 31 de agosto.
El 44,1% de los recursos se orientaron a familias y un 30,6% se dirigieron a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La mayor parte de los recursos se utilizaron para arreglos de pago, específicamente a readecuaciones (78,4%) y refinanciamientos (10,5%). Un 11,1% se dirigió a financiar nuevos créditos.
El monto colocado respecto al saldo total de crédito al sector privado, según actividad económica, favoreció principalmente a transporte (21,9%), comercio (8,5%), servicios (5,8%), manufactura (5,3%) y agricultura y pesca (4,6%).
Dichos préstamos se ofrecieron en condiciones más favorables. Por ejemplo, se dio una reducción promedio en la tasa de interés de 3,64 puntos porcentuales en los arreglos de pago y de 6,44 puntos porcentuales en créditos nuevos.
La disminución de las tasas y la ampliación de los plazos llevó a una reducción promedio en la cuota de los créditos del 29,7% y 48%, respectivamente.
“Estos resultados nos muestran que esta medida temporal y excepcional del Banco Central cumplió el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia sobre el consumo, la producción, el empleo y el ingreso de las familias y empresas, y contribuyó así a reducir las secuelas permanentes de la crisis en la sociedad y el sector productivo”, indicó Rodrigo Cubero, presidente de la entidad.
Esta facilidad crediticia fue aprobada por la Junta Directiva del BCCR en setiembre de 2020, con un monto inicial de ¢700.000. En enero se amplió para un total disponible de ¢842 887 millones.
Además de los créditos, el BCCR introdujo otras acciones. Estas incluyen la reducción de la Tasa de Política Monetaria hasta llevarla a su mínimo histórico de 0,75%, garantizar estabilidad en los mercados de liquidez y, en conjunto con las autoridades supervisoras del sistema financiero, se flexibilizó la normativa prudencial.
Rodrigo Díaz
