Christine Jenkins Tanzi
Los clientes bancarios que pidan una nueva prórroga, readecuación o renegociación de sus préstamos a partir del 1° de diciembre, no podrán mantener la categoría de riesgo que tenían antes de la crisis.
Según Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se adelantó esa medida prevista para el 31 de marzo del 2021 para empezar a reflejar el deterioro crediticio como consecuencia de la pandemia.
Sin embargo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) señaló que tendrá un impacto sobre clientes que aún no se han podido recuperar durante la crisis de COVID-19.
Primero, se empezarán a recalificar solo los deudores que pasen por una nueva readecuación, según la decisión tomada en noviembre por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Estos cambios se acompañaron de algunas medidas que favorecen para que estos riesgos se vayan reflejando.
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Sin embargo, para los demás deudores, se mantendrá la fecha 31 de marzo, para retomar la evaluación de la capacidad de pago de los deudores bajo escenarios de estrés, en la etapa de seguimiento.
“La diferencia es que lo estábamos haciendo a ojo cerrado, a pesar de que en el sistema se estaban acumulando riesgos importantes. Ahora es un aterrizaje ordenada, porque en lugar de llegar a marzo y decir ‘ahora sí, todos a ser analizados’, vamos a empezar de manera ordenada”, explicó Aguilar.
“Se puede otorgar la readecuación, se califica y se refleja. Por eso es que en el análisis de la capacidad de pago se revisó la redacción de los lineamientos: si tengo un cliente que dandole esa prórroga o refinanciamiento es posible que salga adelante, no tengo por qué mancharlo“, agregó.
Deudores afectados por pandemia
Por el otro lado, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria, consideró que la algunos clientes no han salido de la situación crítica y se podrían beneficiar de una nueva renegociación.
“Es entendible que las autoridades regulatorias quieran tener claros los riesgos de las carteras de crédito; sin embargo, la verdad es que la situación de los deudores no ha cambiado mucho”, dijo Cortés.
“Los niveles de incertidumbre siguen siendo altos por lo que aplicar gradualidad en la implementación de las nuevas disposiciones hubiera sido recomendable, y así tener más y mejores elementos que permitan evaluar la capacidad de pago de los deudores y realizar las estimaciones correspondientes”, consideró.
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Por su parte, el Banco de Costa Rica (BCR) señaló que las nuevas medidas limitará el accionar en los arreglos.
“El oficio CNS-1617/08 de Conassif provoca que a partir del 1 de diciembre todo estudio de arreglo (prórroga, readecuación, etc) a realizar, deberá acompañarse de un análisis de capacidad de pago del deudor, para lo cual, las entidades financieras van a solicitar la información correspondiente a sus clientes para proceder con el estudio”.
“Eventualmente provocará desmejoras en la calificación de riesgo de los clientes por la mora que puedan generar, reflejándose en los registros de la Sugef”, explicó la oficina de prensa del BCR ante una consulta.
Sugef: otras medidas limitarán el impacto
La Sugef implementó medidas complementarias para ayudar en la transición, incluyendo un límite al “contagio” de otros créditos de los clientes, según Aguilar.
El contagio implica que cuando un cliente llega a tener un nivel de capacidad de pago, este obliga a que en los otros bancos o otras entidades hagan estimaciones sobre la parte descubierta de ese mismo cliente.
“Antes de esta reforma las estimaciones que había que hacer por ejemplo para un cliente que en otra entidad tenía una operación ya sea al día o con una morosidad menor a 30 días, era hasta del 20%”.
“Ahora eso se reduce de tal forma que en ese análisis de la capacidad de pago, si se va a generar un efecto “contagio”, a las otras entidades no les resulte de las magnitudes que la regulación tenía previsto”, explicó.
Otras medidas alrededor de ¢400.000 millones de la línea de crédito del Banco Central que se espera alcanzar en diciembre, para que las entidades extiendan préstamos a clientes afectados por la pandemia, según Aguilar. Además, alrededor de ¢130.000 millones se van liberar las estimaciones contracíclicas para cubrir el impacto.
Finalmente, señaló que los reguladores no tiene el “instrumental” para emitir lineamientos para que las entidades no paguen dividendos.
“Si usted no está reflejando los riesgos, es posible que esté mostrando utilidades que podrían haber sido mucho menores si estuviera reflejando los riesgos.
Impacto
Por su lado, Laura Moreno vicepresidenta de relaciones corporativas de BAC Credomatic coincidió que estas medidas mitigarán el impacto, incluyendo los oficios SUGEF (SGF-4178-2020) y del CONASSIF (CNS-1624/04).
“Es importante enmarcar el posible impacto en conjunto con el de otras disposiciones complementarias posteriores, que modifican la definición de los criterios para la clasificación de capacidad de pago y varían los porcentajes de estimación para clientes clasificados en categoría E, según el nivel de mora que muestren”, dijo.
El impacto, sin embargo, se concentrará precisamente sobre los clientes que más necesitarán nuevos periodos de gracia, según BAC.
“En general, estas disposiciones no deberían afectar de manera relevante el acceso a nuevos créditos por parte de clientes cuya capacidad de pago no se ha visto deteriorada”, señaló Moreno.
“El efecto se concentra en clientes cuya capacidad de pago sí ha sido reducido y que, por lo tanto, requieren de nuevos períodos de gracia, los que podrán seguirse dando siempre y cuando las entidades realicen la debida evaluación de la citada capacidad, tal y como lo seguimos haciendo, de forma individual”.
“Además, es importante resaltar que los nuevos términos establecidos para esta medición dan un espacio a las entidades para seguir apoyando a los clientes, en los términos que establezcan para tal propósito”, agregó.
Otros bancos
Para el exbanquero Gerardo Corrales, la economía no se ha mejorado lo suficiente como para eliminar la moratoria en las clasificaciones.
“Me imagino que lo que quieren es empezar a que los bancos empiecen a provisionar para blindar el sistema financiero, pero es quitarle oxigeno a las empresas”, explicó Corrales.
Por su parte, Juan Francisco Rodríguez, Subgerente de Negocios del Banco Popular consideró que los niveles de capacidad de pago que se acepten en el análisis de créditos nuevos dependerá del apetito de riesgo.
“Al tener que actualizarse – a partir del 1 diciembre pasado – lo relativo a capacidad de pago, si llegase a existir una desmejora en el nivel que tiene registrado el cliente, eso afectará la categoría de riesgos y por ende los niveles de estimaciones para reflejar el potencial deterioro de la pérdida esperada”.
“Dependiendo del posible deterioro de la capacidad de pago en los clientes que se acojan a nuevos arreglos de pago y los efectos sobre las estimaciones, habría una afectación en los resultados financieros de la Institución”, explicó Rodríguez.
Además, Ronald Guerrero, director general de Crédito del Banco Nacional, consideró que han tomado medidas preventivas como planes de ayuda específicos para los sectores afectados, así como con incremento en reservas para cubrir los crédito deteriorados.
“La modificación normativa tiene dos grandes consecuencias, la primera es el eventual deterioro en la categoría de riesgo de los clientes, y con ello la segunda, que es un mayor requerimiento de estimaciones para las entidades reguladas”, explicó.
“En cuanto a los impactos sobre la cartera, en definitiva menor capacidad de pago implica mayor riesgo de morosidad, asimismo conlleva a un incremento de la cartera restructurada, para poder adaptar los planes de pago a las nuevas condiciones procurando la mayor recuperación del crédito posible”, dijo Guerreo.
Christine Jenkins Tanzi
