Manuel Sancho
Hoy el Gobierno mencionó que sí consultó al sector bancario, su posición en torno al proyecto de ley para imponer una “tasa de usura”. Esta busca definir un tope máximo a los intereses de todas las operaciones de crédito.
Sin embargo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reaccionó pocas horas después de la conferencia de Casa Presidencial. La entidad dijo no conocer los alcances del texto del proyecto de ley ni de las medidas administrativas anunciadas por el Poder Ejecutivo.
Presidencia presentó un paquete de iniciativas que incluye registros, educación financiera y algunas opciones de refundición de deudas. Pero todo quedará a la espera de un proyecto de ley para poder tener un impacto amplio.
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La ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó que el Banco Central liderará el proyecto de tasa de usura. “Lo fijará a partir de una metodología técnica y con base en el rating del país”, señaló la jerarca.
Además dijo que se consultó a los bancos públicos, a la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBIF) y a la ABC. “Estaban de acuerdo con la redacción que se incorpora en el proyecto”, dijo Garrido.
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Sin embargo la consulta fue desmentida por la ABC.
“La Asociación Bancaria Costarricense no ha sido consultada por el Gobierno respecto de la creación de la tasa de usura y tampoco negociado nada en ese sentido; en este tema la ABC ha mantenido y argumentado oposición a las políticas de fijación de precios”, aseguró.
La organización sí coincidió en la necesidad de facilitar el pago de las deudas de miles de ciudadanos y familias.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, presentó datos según los cuales el endeudamiento personal supera al empresarial.
“A julio 2019, como promedio del ingreso disponible per cápita mensual, la cuota de un préstamo representa alrededor de 64%. Los parámetros sugeridos están entre 35% y 40%”, comentó.
La ABC apuntó la necesidad de la relación entre bancos y clientes debe ser “sana y de largo plazo, basada en el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes”.
El Gobierno también anunció la propuesta de ampliar las instituciones inscritas en el Centro de Información Crediticia (CIC), para conocer la totalidad de las deudas de una persona. El objetivo ya se incluye en el proyecto 21.213 de la diputada socialcristiana María Inés Solís.
La Asociación respaldó este punto. “Resulta de gran utilidad para lograr tener una fotografía completa del perfil de endeudamiento de las personas; actualmente los bancos ven solo una parte y esa situación incrementa los niveles de riesgo”, mencionó la ABC en un comunicado de prensa.
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Colaboró el periodista Tomás Gómez.
Manuel Sancho
