Paula Ruiz
Aquellos bienes del Estado que están sin utilizar o bien, no generan el beneficio para el cual fueron creados, podrían ser subastados.
Esa es la idea que persigue un proyecto de ley, el cual fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración.
Primero que todo, se obliga al Gobierno a hacer un inventario sobre todos los bienes ociosos que posee, indicó el diputado independiente Jonathan Prendas que lidera la iniciativa.
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por activo ocioso aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades, beneficios o rentabilidad alguna, ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido o algún otro que sea en función de su naturaleza. Proyecto de Ley 20.924.
El inventario se realizaría a más tardar el 31 de marzo de cada año y deberán remitir un informe al Ministerio de Hacienda.
El informe tendría que ser presentado por el Gobierno Central, instituciones autónomas, descentralizadas, así como municipalidades, con base en información del Registro Civil.
Cada jerarca deberá emitir una resolución donde declara el bien ocioso para luego poder ser subastado.
El proyecto es impulsado por el independiente Jonathan Prendas. Foto: Asamblea Legislativa.
¿Cuántas hay?
Prendas reconoció que desde hace dos años, solicitó información al Gobierno para conocer cuántas propiedades, vehículos u otros objetos estaban ociosos.
No obstante, aseguró que su equipo de asesores ha podido recopilar datos donde se estima como mínimo que estos bienes oscilan como mínimo en $400 millones.
“Se da autorización para trasladarlo a Hacienda para que hagan el peritaje y puedan establecer el costo del bien para hacer subasta pública y el 100% va para amortización de deuda”, recalcó el legislador.
La iniciativa fue presentada desde el 31 de julio de 2018 y ahora iniciará su trámite en el Plenario Legislativo.
Pese a ello, esta misma propuesta fue avalada en la mesa de diálogo del Gobierno durante el fin de semana.
La proyección presentada en este diálogo, estima una utilidad de entre un 0,2% y un 0,25% del PIB.
Con esto, la propuesta se convertiría en una de las más aportativas pues los acuerdos de las últimas semanas apenas ascendían al 0,33% del PIB.
Según el plan aprobado en el “diálogo”, el Poder Ejecutivo deberá inventariar las propiedades de cada institución y normar el procedimiento.
El Mideplan, por su parte, gestionará un estudio sobre el aprovechamiento que se da a cada terreno para determinar la viabilidad de la venta.
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