AFP
La “guerra contra las pandillas” que libra en El Salvador el presidente Nayib Bukele, cumple un mes con más de 18.000 detenidos.
Pero ganarla pasa por ofrecer alternativas a quienes ven en este cruel submundo una salida a la pobreza.
Bajo un régimen de excepción que se extenderá hasta fines de mayo, la Policía y el ejército detienen sospechosos sin órdenes judiciales, la mayoría con tatuajes que representan a sus bandas. Todo ello tras una ola criminal que a fines de marzo dejó 87 muertos.
Para Amnistía Internacional, la medida de Bukele desató una “tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos”. Esto con detenciones arbitrarias incluso de menores de entre 10 y 12 años, de poblaciones pobres.
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Pero el gobernante de 40 años destacó que su plan tiene el 91% de apoyo ciudadano, según una encuesta de CID Gallup.
En un país con 30,7% de pobreza y una población que migra en busca de empleo para resolver este problema, se deben “modificar las condiciones que hacen que un sector recurra a la vida de crimen para subsistir”, dijo a la AFP el investigador de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz.
Disminuyen extorsiones
Creadas por inmigrantes en Los Ángeles, Estados Unidos, la Mara Salvatrucha y Barrio 18 subsisten de las extorsiones y venta de drogas en El Salvador. Suman unos 70.000 miembros, de los cuales 34.000 están encarcelados.
Tras el plan de Bukele, en algunas rutas del transporte los delincuentes “ya no están llegando” a extorsionar. Esto dijo a la AFP el empresario de autobuses Juan Pablo Álvarez, exalcalde de la periférica ciudad de Soyapango.
“Lidiar” con las pandillas representa un costo “muy alto (…) Me ha tocado enterrar a mi hermano, a más de 10 empresarios y a 25 empleados, en su mayoría choferes”, confesó.
Felipe, un pequeño comerciante que reserva sus apellidos, contó que en su zona, donde se cobraban cupos hasta a los vendedores de verduras, los pandilleros “están desaparecidos y el comercio fluye, la gente deja de tener miedo de venir al centro” de San Salvador.
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, contó que los repartidores de productos están entrando a algunas comunidades sin pagar “renta”.
Para el investigador y maestro universitario Carlos Carcach, el gobierno está logrando “incapacitar a un gran número de criminales activos. Esto da indicios de que es posible neutralizar totalmente a esas estructuras”.
Pero se trata de una lucha de “largo aliento”, donde debe desincentivarse a los jóvenes de integrar estas bandas.
Cárcel o muerte
Bukele reconoció que las pandillas son “un entramado social difícil de romper” con familias involucradas. “Es como curar un cuerpo con un cáncer con metástasis”, expresó.
Aunque, dijo, para un pandillero “solo hay dos posibles caminos: la cárcel o la muerte”, y prepara la construcción de nuevas prisiones.
Las penas por pertenecer a una pandilla ahora se sancionan con hasta 45 años, y quien difunda sus mensajes puede recibir 15 años. Este hecho que puede limitar la cobertura informativa del tema, reclamaron gremios de prensa.
Para el investigador Cruz, mientras no haya desarme el país tiene muy poco futuro. Esto a la par de programas sociales que disminuyan las causas que llevan a muchos jóvenes a meterse a las pandillas.
Según el obispo auxiliar de San Salvador, cardenal Gregorio Rosa Chávez,”hay una ausencia total de oportunidades para alguien que se equivocó” y pidió “oportunidades de rehabilitación”.
“Populismo penal”
Los arrestados pasan por “jueces sin rostro, prohibidos por la constitución”, y no por la justicia ordinaria, explicó el juez Juan Antonio Durán.
El letrado considera que se ha caído en “el populismo penal”, donde “no capturan solo a culpables (…) sino a un montón de gente inocente”.
Dijo que se realizan juicios “sin el reo y sin testigos” presentes.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles.
Verónica Aguirre, de 26 años, llegó hasta el “Penalito”, un lugar en la capital donde son llevados sospechosos. Dice que su esposo fue detenido sin prueba alguna.
“Bajo el régimen [de excepción] no podemos presentar pruebas de que el imputado está siendo juzgado de manera incorrecta. Están pagando justos por pecadores y esto no tiene que ser así, la justicia tiene que ser transparente”, lamentó.
“Tenemos una tendencia fuerte a los castigos generales, que son una barbaridad (…) y son fuente de violaciones de derecho”. Así lo lamentó el sacerdote jesuita José María Tojeira, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que “la población honrada no tiene nada que temer”.
