Paula Ruiz
En el legajo de investigación del caso Madre Patria, se detalla que uno de los cabecillas es buscado por el Gobierno de España.
Se trata de un hombre de apellidos Gómez González, de nacionalidad española, quien figura entre los todavía detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde el martes anterior cuando se desarrolló el operativo judicial.
“La cabecilla usaba pasaporte falso y cuenta con órdenes de captura por parte del Gobierno de España vinculado a casos de falsedad ideológica y estafas”, así lo señala en la investigación contenidas en el expediente22-005018-0042-PE.
No se detalla más al respecto, aunque sí se indica que Gómez tenía como costumbre el uso de documentos falsos y que sus salidas eran particularmente a las 6 a.m. hacia lugares ubicados en Puntarenas, Guanacaste y Limón “zonas de las que sustraen la mayoría de propiedades”.
“(Gómez es) experto en el uso de documentos falsos, quien durante años se ha identificado en Costa Rica con el uso de un pasaporte falso o alterado, además se ha observado su necesidad por evitar detenciones, allanamientos, ocultación de evidencias: ver caso Espíritu Santo y Blue Coffee del informe principal”, especifica el legajo.
Agregan los investigadores judiciales que Gómez “figura como la persona con mayor nivel jerárquico dentro de la estructura criminal. Quien se ha beneficiado durante más de una década por la comisión de gran cantidad de delitos, provocando que éste mantenga un estatus social elevado como empresario de compañías autobuseras, viviendas de lujo, vehículos de alta gama, sobrellevando un estado de vida sumamente elevado en comparación a sus inicios en el país.
“Se tiene conocimiento que cuenta con órdenes de captura en su país de origen, por verse imputado en delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, tratando de un criminal de alta experiencia en este tipo de delitos que apoyado con su trayectoria lidera una Organización Criminal más grande en Costa Rica dedicada a la sustracción de propiedades bajo modalidades de fraude registral”.
Organización en detalle
Según la investigación judicial que se desarrolla desde el 2022, los principales líderes de este grupo criminal son dos ciudadanos españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz, así como dos hermanos de apellidos Chaves Arias.
Los implicados operarían en una estructura que tomaba esas propiedades aprovechando su desocupación o la desintegración de las personas jurídicas. De ahí se daba la venta a personas que los compraban de buena fe.
Ellos tendrían “tres testaferros o personas encargadas de prestar sus nombres para legitimar capitales mediante sociedades, cuentas- bancarias y derechos sobre bienes, se trata de tres mujeres de apellidos García Núñez, Jiménez Arias y Solano Acosta (parejas sentimentales). Todas ellas son parejas sentimentales de los cabecillas.
En un nivel más bajo —dice el OIJ— se identificó a un hombre de apellidos Herrera González, vecino de Heredia, y quien tendría una puesto de confianza en la estructura como encargado de la administración de rutas de trasporte público y venta de autobuses a terceros.
En este negocio también figura una joven de 22 años de edad de apellidos Herrera Vega e hija de Herrera González. Esta mujer también operaría como testaferro en sociedades de transporte público y era la encargada de las finanzas de las sociedades.
De acuerdo con los investigadores, ese negocio de transporte público también que les permitía “mezclar los dineros obtenidos de manera ilícita y darles apariencia de lícitos”.
“Nos encontramos ante una tipología de legitimación de capitales, al mezclar en estas cuentas los dineros de origen ilícito que son provenientes de la venta de autobuses los cuales presentan alteraciones o bien han sido producto de la venta de propiedades adquiridas por medio de fraude”.
Además, utilizaban transferencias en bancos del sistema financiero nacional en cuentas empresariales cuyas cuentas están abiertas para recibir dineros provenientes de las ganancias del servicio de transporte público. Así las cosas, no levantaban sospechas y procedían con la supuesta legitimación de activos.
Una de las vías para hacer ese trueque estaba la venta de autobuses en Nicaragua, procedentes de Costa Rica. Lo hacían vía terrestre, debido a la cercanía con la frontera y así se saltaban trámites engorrosos de retención de vehículos.
Los automotores estaban deteriorados e incluso alterados. Pero, los vendían en el país del norte a alto precio. No detallan montos.
“Las figuras de transporte público vigentes, las cuales funcionan como fachada para continuar con el lavado de dinero, la organización decide inscribir nuevas sociedades, las cuales les ayudan a justificar los ingresos económicos, solicitar movilizaciones de concesiones de las rutas, además de obtener más opciones para distribuir el dinero en diferentes cuentas bancarias y no llamar la atención”, subraya la investigación.
Bien armados
Como desde el 2022 les seguían la pista, los investigadores pudieron recomendar que la realización de los allanamientos fueran a las 6 a.m. con el fin de evitar un enfrentamiento armado con los oficiales a cargo de las labores.
Esto, por cuanto pudieron determinar que tenían armas de grueso calibre que podrían causar heridas aún con la portación de chaleco antibalas.
“Es claro que los investigados han adquirido armas de alto calibre, con un agudo poder destructivo, para protegerse de cualquier amenaza de otras organizaciones criminales rivales que quieran apoderarse del dinero que han acumulado”, puntualiza el informe.
En las llamadas interceptadas, se destaca que la presunta organización criminal posee fusiles de asalto AR-15, además de que sus miembros consultan por municiones calibre 12.
También cuentan con chalecos antibalas cuyo monto consultado era de $250.000.
Esta investigación se desarrolla mediante el número de expediente 22-005018-0042-PE.
Al grupo se le decomisaron 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes. Todo esto, mediante 47 allanamientos realizados el martes pasado.
En total se investiga a 54 personas como parte de una estructura sospechosa de acceder a terrenos.
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