Empresarios de alimentos y bebidas de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) estiman que las pérdidas por robo de contenedores ascienden a los ¢24.000 millones con lo que Hacienda dejaría de percibir aproximadamente ¢3.500 millones al año.
Desde la agrupación aseguran que los problemas de seguridad no solo se presentan en carretera, sino que también involucran a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“Muchas acciones delictivas suceden en carretera, pero también en las instalaciones de Japdeva, que se encuentran bajo la tutela de las autoridades del Estado, motivo por el cual, preocupa el desinterés con que la mayoría de las instituciones miran este flagelo”, señaló Maurizio Musmanni, presidente de Cacia.
El Observador trató de conversar con la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, pero al cierre de esta nota no fue posible contactar a la funcionaria.
Además, afirman que los productos sustraídos, posteriormente son comercializados en el sector informal que crece año con año. Pese a que los empresarios ven con buenos ojos la actuación de la Fuerza Pública, consideran que el esfuerzo es insuficiente ya que la problemática es más compleja.
Musmanni enfatizó en la necesidad de activar controles municipales, de calidad y protección del consumidor, “del control sanitario a cargo del Ministerio de Salud, de la Secretaría Nacional de Salud Animal (Senasa) y del Servicio Fitosanitario del Estado; de la Policía Fiscal por la fuerte evasión tributaria y del sistema carcelario, por la recurrente participación del crimen organizado que no mira gran amenaza en la actual administración de la justicia”, agregó Musmanni.
De cuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2018 y 2019 los casos de asaltos a contenedores con mercaderías se han incrementado en un 44%.