Calificadora S&P: Acuerdos del diálogo nacional no son suficientes para cambiar proyecciones sobre Costa Rica

La firma calificadora de riesgo S&P Global Ratings señaló esta semana que los acuerdos del diálogo nacional no serían suficiente para cambiar sus proyecciones.

La mesa de diálogo empezó con la meta de conseguir un ajuste fiscal que representara un 2,5% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, los 58 acuerdos logrados representarían un 1,40% del PIB entre las medidas de gastos e ingresos, según el anuncio del Gobierno; otras acciones de “eficiencia fiscal” representarían un 0,80% a partir del 2023 y aportes de un única vez agregarían 0,96% del PIB.

Lisa Schineller, analista de la calificación soberana de Costa Rica para S&P Global Ratings, explicó que el verdadero impacto sobre la calificación vendría de la implementación de estas y otras medidas.

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“Teniendo en cuenta los datos hasta la fecha y la propuesta de presupuesto de 2021, seguimos esperando que el déficit del gobierno se mantenga alto, con un promedio de alrededor del 9% del PIB en 2020 y 2021”, explicó.

“Mientras tanto, la deuda neta del Gobierno con respecto al PIB cerraría por encima del 60% este año y en alrededor del 70% en 2021. No hemos ajustado estas proyecciones con en base al diálogo en sí, ya que necesitaríamos ver cómo actúa la Asamblea Legislativa sobre ellas así como las perspectivas para su implementación”, añadió la analista.

Cambio de junio

S&P rebajó la calificación crediticia de Costa Rica en junio en a B, fecha en que señaló el deterioro fiscal y las “señales mixtas” que ha enviado el presidente Carlos Alvarado.

En ese sentido, la calificación ya refleja la expectativa de una contracción económica más profunda y de persistente debilidad fiscal, dijo Schineller.

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“La acción sobre la calificación, incluida la perspectiva negativa, incorpora nuestro supuesto de que llevar adelante una corrección fiscal probablemente sería políticamente complicado durante el próximo año. Es probable que este sea el caso en muchos países después de una pandemia; pero en el caso de Costa Rica, la mayoría de medidas para cualquier corrección fiscal (ya sea del lado de los ingresos o del gasto, así como la aprobación del financiamiento presupuestario) requiere votos más allá del PAC”, explicó.

“La gestión de la dinámica de coaliciones entre partidos en Costa Rica tiende a ser compleja y, además, esa discusión ocurrirá antes de las elecciones de 2022, agregando otra factor de complejidad”, añadió.

Más allá del diálogo

Elian Villegas, ministro de Hacienda, reconoció el viernes que el Gobierno debe tomar más acciones que las acordadas en el diálogo nacional para resolver el desequilibrio entre los gastos e ingresos fiscales.

“Los acuerdos no son suficientes y hay un compromiso del Poder Ejecutivo de que va a completar lo que ocupa, precisamente para llevar el ajuste fiscal que el país requiere”, dijo Villegas durante una conferencia virtual.

Sin embargo, no definió la posición del Gobierno sobre si retomará una propuesta para un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En eses sentido, S&P señala que el diálogo nacional que culminó el 21 de noviembre, fue importante para generar propuestas y encontrar puntos en común entre los varios grupos.

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“El proceso refleja la fortaleza de la democracia y los controles y contrapesos institucionales en Costa Rica. Sin embargo, dada la dinámica fiscal actual, lo más pertinente para la calificación es la acción fiscal oportuna y la ejecución para reducir los altos déficits y las necesidades de financiamiento”, explicó.

“Para ello, será clave cómo las propuestas son consideradas y adoptadas por la legislatura nacional; también cómo facilitan, o si facilitan, el diálogo con el FMI,”, agregó.

Para la calificadora, más allá de si se alcanza un acuerdo con el FMI, es necesario que Costa Rica defina cómo arreglará la crisis fiscal y su plan de financiamiento para el 2021.

“Lo más relevante para la calificación es un plan para corregir los desequilibrios fiscales y respaldar el crecimiento que cuenta con un amplio apoyo político, que puede ser aprobado y luego ejecutado, ya sea bajo el auspicios de un programa del FMI o no. Dicho esto, un programa del FMI trae consigo acceso a financiamiento oficial”, explicó.

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