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Calificar investigación como ‘crimen organizado’ permitió al OIJ intervenir teléfonos por Caso Cochinilla

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl megaoperativo que realizó este lunes el Organismo de Investigación Judicial en conjunto con el Ministerio Público fue el punto final a una investigación que comenzó en el año 2018 y que ahora tendrá una nueva etapa en los juzgados.

Los hechos investigados se relacionan con una red de crimen organizado relacionada con contratos de obra pública. Dicho caso fue nombrado por los judiciales como Caso Cochinilla.

El OIJ reconoció que hubo un elemento clave en el proceso de investigación.

“Una vez que iniciamos la investigación logramos una declaratoria de crimen organizado, que nos permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se utilizan cuando se abordan delitos de corrupción”, explicó el director del OIJ, Wálter Espinoza.

¿Qué significa pasar de delito de corrupción a crimen organizado?

“Es un procedimiento particular para tramitar aquellos casos donde las cantidades de personas que participan sean superiores a cuatro y la pena imponible supere los 5 años de prisión”, indicó el abogado penalista Ewald Acuña.

OBSERVE MÁS: Red malversó fondos por unos ¢78.000 millones entre 2018, 2019 y primer trimestre del 2020: OIJ

“Permite procedimientos mucho más ordenados a nivel de investigación como rastreo de llamados, la posibilidad de integrar equipos de investigación especifica por parte del OIJ y ahondar en las aristas de las investigaciones”, añadió.

La investigación se da por varios delitos: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

Se realizaron 57 allanamientos, incluidos lo de Casa Presidencial, Conavi y el MOPT y se detuvo a 29 personas, entre funcionarios públicos y miembros de las empresas constructoras señaladas.

OBSERVE MÁS: Asesor del Presidente Alvarado y empresarios en lista de investigados por escándalo de corrupción 

Allanamiento en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) este lunes. (Krissia Morris/El Observador)

Intervenciones telefónicas

Al cambiar el tipo de delito, el OIJ tuvo la posibilidad de acceder a las intervenciones telefónicas, que fueron clave para darle una hipótesis clara al caso.

Desde noviembre de 2019, luego de que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenara la diligencia, se realizaron las intervenciones.

“Había relaciones, contactos indebidos, vinculaciones irregulares y que en tesis de principio y como hipótesis de trabajo, determinamos que existía un esquema en el pago de favores a beneficio de empresas o personas”, dijo Espinoza.

Según el abogado penalista, cuando se hacen investigaciones de casos de crimen organizado, además de la intervención en las comunicaciones de los sospechosos, permite realizar otros procesos dentro de la investigación.

“Se puede levantar secreto bancario, también utilizar plataforma de las policías para cruzar las informaciones de las diferentes bases de datos sobre las personas investigadas”, dijo Acuña.

Además, las empresas públicas o privadas están obligadas a entregar información de manera pronta.

Otro de los elementos interesantes que representa el hecho de declarar la investigación como crimen organizado es que ya en la etapa de juicio, el Tribunal podría determinar el decomiso de los bienes que se obtuvieron a través del delito.

OBSERVE MÁS: OIJ y Fiscalía allanan Casa Presidencial, MOPT y Conavi por aparente corrupción en obras viales

Allanamiento de la oficina del asesor presidencial Camilo Saldarriaga, en Casa Presidencial. (Tomás Gómez/El Observador)

Sumas millonarias

Cerca de ¢78.000 millones se malversaron entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 por la red de corrupción desmantelada este lunes.

Según explicó el director de la policía judicial, se malversaron fondos que se dirigían a alimentar “de manera irregular proyectos de obra pública tomando dinero de otras partidas”.

¿Cómo operaba esta “red criminal” así catalogada por las autoridades judiciales? Espinoza explicó que la primera hipótesis de trabajo fue que se entregaban coimas (pagos indebidos) a funcionarios a cambio de ventajas para ciertas empresas.

Entonces, lo que se presume es que movían dineros de otros programas para estos proyectos en los cuáles algunos funcionarios obtenías ventajas personales

Espinoza dijo que se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y además se involucró personal de otras instituciones.

En este momento hay 29 personas detenidas, 18 de las cuáles son funcionarios públicos. Otros, como el hasta hoy asesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, están siendo investigados, sin que medie una detención.

OBSERVE MÁS: UPAD y red de corrupción en obras viales: los dos históricos allanamientos a Casa Presidencial


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