Marco Marín
En menos de dos meses, el comercio exterior de la región estará sujeto al nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca IV) y su reglamento (Recauca IV). Dichos lineamientos entrarán en vigencia el próximo 1 de mayo.
Por esta razón, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) se unió al llamado, realizado días atrás por el sector industrial, para que la Asamblea Legislativa revise y mejore el expediente N°. 22.364.
Para el gremio es vital que la normativa aduanera interna se acople con las nuevas directrices regionales. Así lo manifestó el presidente de Crecex, José Antonio Salas.
“Armonización”
“La actual Ley General de Aduanas 7557 y su reglamento poseen vacíos legales en comparación con ciertas figuras que se incorporan en el Cauca IV y el Recauca IV.
“Por ende, esto requerirá una labor importante por parte de las autoridades nacionales en la búsqueda de una armonización y emparejamiento de las nuevas normas con las preexistentes”, agregó.
Aunado a esto, la actual reforma que se discute en el Plenario, no solamente es incompatible con este nuevo código sino también con el siguiente (Cauca V) y el cual ya está siendo discutido por los países de la región.
Según Salas, los nuevos lineamientos cambian la estructura del negocio de los operadores, así como de los auxiliares de la función pública aduanera.
“Ejemplo de ello es la figura del apoderado aduanero y del depósito temporal. Este, en un principio, fueron introducidos en el proyecto de reforma de la Ley General de Aduanas en noviembre pasado. Pero que en su versión final presentada a la Asamblea Legislativa, vía expediente 22.364, fueron eliminadas”, precisó Salas.
Críticas compartidas
Precisamente, el pasado 9 de marzo, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reclamó que lo realizado en esta versión final es contrario a:
- La normativa regional.
- Las mejores prácticas internacionales.
- Las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas.
Así lo expresó el presidente del gremio, Enrique Egloff, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
En ella, Egloff apuntó que la modernización de la actual Ley General de Aduanas (N°. 7557) es imperativa. Esto, no solamente para reducir el contrabando, sino también para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Defraudación fiscal
No obstante, recordó que dicha legislación también debe estar en línea con con los compromisos internacionales que Costa Rica ha suscrito en la materia. Por ejemplo, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.
Entre sus principales críticas destacaron la atribución de funciones de la entidad pública a los operadores. Por otro lado, estaría abriendo un portillo para la defraudación fiscal.
Esto, debido a que permite la exoneración de productos por debajo del valor con “fines comerciales”
“Afectaría a la industria nacional que debe competir en condiciones desfavorables versus los productos importados libres de impuestos. Se estimularía la defraudación fiscal por medio de la subfacturación. Algunos van a querer importar por debajo de ese umbral para no pagar aranceles.
“Es decir, estaríamos promoviendo la defraudación fiscal con esta iniciativa por lo que se recomienda la eliminación del artículo”, sentenció Egloff.
Marco Marín
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