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Cámara empresarial pide a Gobierno registrar violencia de sindicatos para poder disolverlos

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La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) solicitó que el Gobierno recopile los actos violentos de sindicatos, para proceder a disolverlos según lo permite la Ley.

La organización giró una carta al ministro de Trabajo, Steven Núñez, para que designe personal de su Dirección de Asuntos Laborales para realizar la tarea. Piden que documente los hechos delictivos que se presenten en las manifestaciones gremiales, con el objetivo de que sirva de prueba para aplicar la disolución de sindicatos.

El documento llegó al despacho del jerarca el 6 de setiembre de 2019, según informó la organización empresarial en un comunicado este jueves.

La Cámara pide que se registren los eventos de violencia, según lo estipula la aplicación del artículo 350 del Código de Trabajo. La normativa establece que el Ministerio instará a los tribunales de la materia a ordenar la disolución de los colectivos laborales “que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo”.

“La norma desarrolla las figuras legales que permiten la disolución de un sindicato, las cuales son ya de práctica usual por parte de gremios como la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados)”, dijo el asesor legal de los empresarios, Carlos Antillón.

El vocero considera “poco razonable” que el Ministro de Trabajo no actúe con las facultades que le concede la legislación vigente.

“Los claros y demostrados actos de violencia contra la integridad física de personas, contra los derechos constitucionales de la población en materia de libre tránsito o contra el acceso a servicios esenciales para la protección de la vida humana, son claros, evidentes, documentados y demostrados. Por tal motivo, es intolerable que se bloqueen vías públicas, sin que inspectores del ministerio de Trabajo constaten en terreno las realidades que permiten la aplicación del artículo 350 del Código de Trabajo”, explicó el asesor legal de los empresarios, Carlos Antillón.

De acuerdo con el presidente de la Cámara, Maurizio Musmanni, en la misiva se le pidió a Núñez una “reacción pronta y ejemplarizante”.

Eventos claves

En la nota se mencionan las acciones registradas el 3 de setiembre de 2019. Ese día, un grupo de sindicalistas la emprendió contra un periodista de El Observador y un fotógrafo del diario La Nación en las afueras de la Asamblea Legislativa.

También consultan al jerarca si el Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse) está inscrito como un sindicato en la cartera. O bien, si consta su inscripción de personería en algún registro público.

De igual manera se solicita aclarar si la institución reconoce la legitimación de la agrupación, o si alguno de sus altos mandos ha firmado documentos en conjunto con “representantes” de esa agrupación.

“Cuando el móvil de una huelga es atentar contra la seguridad del Estado, debilitar su autoridad o perturbar su normal actividad, se traspasa el límite de la coexistencia y se cae en el delito de sedición. Impacienta a las industrias de alimentos, ver cómo la cartera de Trabajo y Seguridad Social tolera por omisión en la aplicación de la ley, la manifestación violenta y degradante, que perturba el orden público y amenaza a los trabajadores del sector privado que sí desean acudir a sus labores”, señaló Musmanni.


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