Sergio Arce
La Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canara) culpó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ante el riesgo de que en 10 días ocurra el llamado “apagón” de las radios y televisoras, que operan en Costa Rica.
El 28 de junio vencen las actuales concesiones de las frecuencias que permiten a los canales y estaciones de radio prestar el servicio.
Los medios de comunicación son usuarios de un bien público (espectro) para una actividad privada. De allí que deben ajustarse a las directrices estatales y establecidas incluso en la Constitución Política.
Federico Malavassi, asesor legal de Canara, indicó que 18 meses atrás los diferentes oferentes del servicio presentaron su solicitud de prórroga, tal y como lo establece el marco jurídico vigente en la materia.
Y, al día de hoy, Micitt no se ha pronunciado, enfatizó.
El Poder Ejecutivo le confirmó a El Observador que extendería el plazo de funcionamiento temporalmente mediante un decreto.
Esta decisión se toma “con el fin de brindar seguridad jurídica a los concesionarios con títulos vigentes, así como garantizar la continuidad del servicio en el país”, indicó la entidad a este medio.
Por ahora se desconoce cuándo se firmará el decreto y por cuánto tiempo sería la extensión.
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No al decreto, sí a la prórroga
Sin embargo, Malavassi rechazó esta figura, ya que -dijo- el ordenamiento jurídico establece la prórroga y no un decreto o licitación para los más de 100 prestatarios del servicio.
“Extender el plazo un año va en contra del marco jurídico. Si en 18 meses el Micitt no ha podido atender, quién dirá que se hará lo mismo en un año. Es inapropiado.
“Se invocan mecanismos de telecomunicaciones pero, para este caso, no corresponden al sector”, añadió.
Por su parte, Gustavo Piedra, presidente de Canara, lamenta que este panorama no solo genera incertidumbre, sino se convierte en una “amenaza a la libertad de expresión”.
“Confiamos en el estado de derecho. Sería un caso muy grave a nivel nacional e internacionalde cómo podría haber un atentado contra la libertad de expresión en Costa Rica. De nuevo: Confiamos en nuestro marco jurídico”, subrayó Piedra.
Malavassi calificó la actuación de Micitt de “contraproducente” con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Actuación del Micitt
A mediados de mayo anterior, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) envió al Micitt 98 informes técnicos sobre la solicitud que hicieron las distintas empresas para que su concesión del espectro sea prorrogada.
En total se analizó la condición de 24 concesionarios de televisión, 25 de radio en amplitud modulada (AM) y 49 en frecuencia modulada (FM).
Posteriormente, entre el 27 y 28 de mayo, el ministerio notificó a los solicitantes de prórrogas las audiencias escritas para que se refieran a esos informes técnicos que había elaborado la superintendencia.
Se les otorgó 10 días hábiles para responder, plazo que venció días atrás.
“Es importante indicar que la resolución de estos trámites le corresponde al Poder Ejecutivo (Presidente y Ministra)”, respondió el viceministerio de Telecomunicaciones ante las consultas de este medio.
De allí que Piedra y Malavassi enfatizaron en que la responsabilidad de evitar que ocurra un “apagón” no de Sutel ni de nadie más que del Ejecutivo.
