Tomás Gómez
Tras analizar los reclamos de 11 empresas interesadas en ofrecer el servicio de tobilleras electrónicas, la Contraloría General de la República volvió a señalar errores en los procedimentos del Ministerio de Justicia.
La principal polémica responde al peso de las tobilleras. Mientras Justicia exige dispositivos de 130 gramos, los oferentes insisten en que el requisito es complejo y hay más opciones.
El reclamo tuvo eco en la Contraloría, que no quedó convencida por las justificaciones del Ministerio. Así lo plasma en la resolución R-DCA-00319-2021, emitida el 16 de marzo y publicada este miércoles.
“No se desprenden con absoluta claridad cuál fue la metodología técnica y objetiva utilizada para definir ese peso máximo, pues de la información citada por la Administración esto refiere a la necesidad que el aparato sea confortable, pero no cómo el peso determinado permite cumplir esa condición”, mencionó la Contraloría.
“Se denota que la Administración refiere a documentos que tienen cierta antigüedad, de manera que no se aprecia que estos sean actualizados”, agrega la resolución.
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Así, Justicia deberá “incorporar al expediente los estudios debidamente motivados, que vengan a dar soporte (técnico, objetivo y de mercado) al requerimiento de admisibilidad o especificación técnica que se incorpore al cartel”.
Los alegatos sobre el peso fueron acogidos en los reclamos presentados por las empresas Soin, Asesores I.S.E, Sáenz Fallas y Computación Modular Avanzada. También fue el caso de Telecentinel, Enersys y Alfa.
Junto a ellas presentadon apelaciones las firmas Geotecnologías, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Buddi Limited y Grupo Visión Tecnologías.
Portillos mantienen privilegios a 1.800 personas
El monitoreo electrónico mediante tobilleras ha estado en la polémica desde su arranque el el Gobierno anterior.
Tras una cuestionada contratación directa con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la exministra de Justicia, Maria González arrancó con el proceso para un concurso internacional al vencimiento de dicho vínculo.
Aunque el proceso avanzó, González fue sustituida por la actual jerarca, Fiorella Salazar. Ella alegó que contrario a las críticas iniciales, el sistema de tobilleras mejoró y habían “lecciones aprendidas” para el nuevo cartel.
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El proceso se dilató y soprendió a Justicia a punto de vencerse, generando incertidumbre sobre los 1.800 beneficiarios del sistema.
Inicialmente se intentó una prórroga pero la Contraloría vetó el intento por problemas de precios, presupuesto y negociación.
A menos de 4 días del fin del acuerdo se pactó un “contrato adicional”. Se trata de una figura especial de la contratación pública que regirá mientras llega el nuevo proveedor, esperado para diciembre.
La Ministra de Justicia, Fiorella Salazar, durante sus presentaciones de estrategias por los problemas con los contratos de tobilleras (Tomás Gómez/El Observador)
Cuatro años de polémicas con las tobilleras
El monitoreo electrónico se impulsó en la gestión de Luis Guillermo Solís y originalmente se pagaría con un préstamo del BID. Al cambiar a la Ministra de Justicia y llegar al cargo Cecilia Sánchez, se optó por financiarlo con presupuesto nacional.
El sistema permitió una contratación directa entre entes públicos -más rápida y con menos regulaciones- a la que se prestaron RACSA y la ESPH, que resultó ganadora.
La decisión generó polémica desde el inicio pues la ESPH debería recurrir a una importante subcontratación.
Además, desde el 2018 el caso de las tobilleras escaló en la Fiscalía bajo el expediente 18-000094-1218-PE por el supuesto delito de tráfico de influencias.
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En la causa ya fueron imputados:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
Hasta setiembre anterior, el monitoreo con tobilleras contratado a la ESPH ya le había costado más de $24 millones al Ministerio de Justicia (MJP)
