Josué Alvarado
El ministro de Turismo, William Rodríguez, informa que un 33% de las habitaciones disponibles en el país como hospedaje turístico corresponde a opciones en aplicaciones o plataformas digitales, como Airbnb, VRBO y otras.
Para el jerarca este grupo representan un ecosistema y una realidad de la que el país no puede ni debe escapar. Pero para lograr un ambiente comercial sano estas nuevas opciones deben formalizarse y se debe “nivelar la cancha” con el hospedaje tradicional.
Sin embargo, es poco probable que la formalización tributaria ocurra. El mismo ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoce que no se ve cercana una solución al impago de impuestos por parte de los conocidos como anfitriones.
“No es algo que se resuelva pronto. Pero sí estamos con el esfuerzo e interés de entrarle”, dijo Acosta en una entrevista con El Observador.
Para mediados del 2023 únicamente 117 personas estaban inscritas ante la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda como contribuyentes del sector ‘hospedaje no tradicional’. Este medio intentó actualizar esa cifra pero Hacienda no brindó la información.
Se calcula que en este momento existen 44.000 opciones de hospedaje no tradicional en Costa Rica, según datos de Hacienda. Esto quiere decir que, de mantenerse el número de personas debidamente inscritas, ese porcentaje de cumplimiento tributario no llega al 1%.
Esto a pesar de que la Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales (aprobada en junio del 2020) y su respectivo reglamento (emitido en octubre del 2021) establecen la obligatoriedad de que estos destinos estén inscritos ante la Dirección General de Tributación para el respectivo pago de impuestos.
El ministro Acosta reconoce que dicha legislación no establece ninguna obligación para los anfitriones.
Por eso le apuesta a tres vías:
- Reformas legales que ya se tramitan en la Asamblea Legislativa
- La adopción del marco regulatorio Model Reporting Rules for Digital Platforms de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que le permitiría a Hacienda hacer convenio con ministerios de otros países (como Irlanda, donde opera la matriz de Airbnb) para que le comparta los datos de todos los anfitriones que gene
Pero la tercera de ellas es la más complicada. Incluso teniendo esta información, el ministro Acosta señala que se tendrán que buscar “uno a uno” a los 44.000 anfitriones, debido a que quienes administran no necesariamente son los dueños.
Planes piloto se han ejecutado en destinos turísticos como Santa Teresa y Tamarindo en busca de estos lugares, dijo el jerarca. Pero confirmó que un resultado más veloz, que permita aumentar la recaudación y “empareje la cancha” no es previsible, al menos en el corto y mediano plazo.
“Ser formal o informal no tiene ni un beneficio ni una sanción por no serlo”, comentó Acosta sobre las personas que incumplen la ley que ya está vigente.
“Nosotros vamos a seguir en nuestra idea de tratar de ubicar a todos los que están generando rentas en el país y cobrarle los impuestos que corresponden”, añadió.
El director general de Tributación, Mario Ramos, explicó las razones por las que, por ahora, no pueden acceder a los datos de las personas que están generando ingresos a través de esta actividad.
“Al no ser su casa matriz costarricense y por el principio de confidencialidad establecido en el país en el cual es residente, a la Administración Tributaria no le es posible obtener la información de los oferentes (administradores de bienes o dueños de propiedad) en la plataforma”, señaló.
Ramos también le apuesta al momento en el que Costa Rica implmente las reglas de la OCDE.
“Al contar con esta información será posible reforzar los perfiles y fichas de riesgo, facilitando el cumplimiento voluntario y mejorando los procesos de control tributario de aquellos segmentos que así lo requieran”, señaló.
Airbnb: “Los anfitriones tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales”
El director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Caribe y Centroamérica, Carlos Muñoz, también le apuesta a la implementación de las medidas OCDE en Costa Rica, que permitan la transferencia de información del Ministerio de Hacienda en Irlanda al de Costa Rica.
Considera que esto va a generar una mayor presión sobre los anfitriones para que formalicen.
“La ley costarricense determina que hay responsabilidades separadas. La empresa tiene que pagar sus impuestos y los anfitriones tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales”, comentó.
“Cuando el Gobierno tenga esa lista va a dificultar mucho seguir operando en la informalidad”, añadió.
Por ahora, cree que la “burocracia tremenda” del país y el desconocimiento de los anfitriones fomentan el incumplimiento de las leyes que ya existen. También tiene conocimientos de anfitriones que son personas adultas mayores, indígenas o poblaciones que tienen menor acceso a los canales digitales de información.
Además, recuerda que Airbnb (como aplicación) ya paga Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que cree que es todavía más fundamental que el resto del ecosistema (anfitriones) cumplan con lo establecido por la ley.
Airbnb calcula que solo en el tercer trimestre del 2023 pagó al Ministerio de Hacienda $1,5 millones, lo que representa el 20% del monto total pagado por los servicios transfronterizos.
A pesar de esto, Muñoz dijo que con este Gobierno han encontrado mayor apertura. Incluso, cuando se acercaron como empresa para pedirle al Ministerio de Hacienda ayuda para iniciar con este proceso de formalización.
Aunque considera que el proceso de formalización va a ser lento, prevé que habrá un alto porcentaje de cumplimiento tributario cuando se adopten las medidas OCDE.
