Tomás Gómez
La Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) anunció la tarde de este lunes que formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, por el denominado “Caso Cochinilla”.
En la lista figuran funcionarios públicas y representantes de empresas. Se les atribuyen los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.
Cabe destacar que la investigación general ( Expediente 19-000025-1218-PE) sigue en curso y ahí se investiga a 67 personas.
No obstante, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y en razón de que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de la primera docena de imputados.
Primeras acusaciones se concentran en dádivas
Las dos acusaciones se tramitan bajo el expediente 24-000130-1218-PE se centran en dos hechos puntuales.
“El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI, pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada”, señala Fiscalía.
“Lo anterior, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias, correspondientes a trabajos realizados por la compañía”, amplían.
La segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís.
“Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructora”, anota FAPTA.
En ambas piezas acusatorias se señaló a personas particulares de apellidos:
- Cerdas Araya (dueño de MECO)
- Bolaños Salazar
- González Carballo
- Arce Alpízar
- Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís)
- Naranjo Vargas
- Abarca Quesada
- Godínez Abarca
A ellos se suman funcionarios y exfuncionarios del CONAVI, identificados como:
- Solís Murillo
- Carmona Rivas
- Meléndez Cerdas
- Zúñiga Fallas.
El Caso Cochinilla estalló en junio con una serie de allanamientos en Casa Presidencial, entes públicos y empresas de construcción (Tomás Gómez/El Observador)
Que “Cochinilla” vaya a juicio
El avance legal de “Cochinilla” trascendió este lunes.
A partir de la notificación a las partes afectadas, la Procuraduría General de la República y el CONAVI cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella y/o una acción civil resarcitoria: esto para el cobro de daños y perjuicios.
En caso afirmativo, contarán con 10 días más para elaborar los documentos.
Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la FAPTA presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, con solicitud de apertura de juicio.
Mélida Solís (derecha) de HSolís en una diligencia judicial junto a su abogado. (Foto Archivo/ El Observador)
“Cochinilla” en medio de dudas
Fue el 14 de junio, pero del 2021, cuando el país amaneció con decenas de allanamientos, personas detenidas y la tesis de que miles de millones de colones destinado a obras públicas habrían sido mal manejados.
Ese día se dieron 57 allanamientos simultáneos. Estos abarcaron Casa Presidencial, instituciones públicas, empresas y casas particulares.
La tesis era que habían supuestas dádivas a empleados públicos para la ejecución de obras públicas. Estas incluían desde comidas en restaurantes hasta salchichón para fiestas.
Inicialmente el OIJ hablaba de irregularidades por ¢78.000 millones pero al avanzar el caso se determinó que tal hipótesis no se sustentaba; sino que en vez de robo se trataría de mala gestión dentro de las instituciones públicas.
Más de 70 personas fueron indagadas en lo que va del proceso.
Además, Cochinilla tuvo un importante sustento en escuchas telefónicas mediante la Ley de Crimen Organizado. No obstante, se mantiene abierto el debate sobre si dicha norma se aplicó irregularmente, lo que hace tambalear gran parte de la base del caso.
La gran cantidad de partes en el expediente ha generado una logística complicada y, de paso, un lento proceso.
Solo la indagatoria de los primeros detenidos tardó casi dos semanas y luego pasaron meses con otros investigados.
De manera paralela se han ido dando las revisiones de medidas cautelares.
