Tomás Gómez
La audiencia donde se verán las apelaciones del Caso Cochinilla tiene un retraso de más de dos horas. Si bien las partes ya pasaron a sala, aún el Poder Judicial no ha nombrado el juez que anlizará los reclamos de las medidas.
Así lo confirmó el abogado Erick Gatgens, de la defensa de la empresaria Melida Solís, quien guarda prisión preventiva por el caso.
Las medidas que se revisarán se dictaron desde junio y se habían prorrogado en octubre por 5 meses más.
Contra esa última ampliación están enfocados los reclamos.
OBSERVE MÁS: Caso Cochinilla: proceso cumple 7 meses y sigue en sus primeros pasos
Prisiones preventivas y otras medidas a examen
Uno de los principales reclamos del Caso Cochinilla son las prisiones preventivas que aún guardan Melida Solis (de HSolis) y Carlos Cerdas (de MECO).
Francisco Campos, abogado de Salís, detalló que se insistirá en el traslado de su clienta a otras medidas menos gravosas.
Detalló que la empresaria sigue enfrentando problemas serios de salud que justifican la petición.
Incluso indicó que ya se hicieron peritajes de trabajo social que respaldan la petición.
Rodrigo Arias, del equipo legal de Cerdas, mencionó también la petición de dar otras medidas.
Arias señaló el lento avance que lleva la investigación mientras su representado sigue detenido.
Originalmente la prisión preventiva podría extenderse por un año, pero al ser Cochinilla un caso de crimen organizado los plazos se duplican.
En la audiencia se verán también los reclamos contra las medidas cautelares que pesan contra otros implicados como suspensiones o impedimentos de acercamiento o salida del país.
7 meses con poco avance
El Caso Cochinilla estalló el 14 de junio con un mega allanamiento que incluyó Casa Presidencial, instituciones públicas y empresas.
Originalmente se detuvo a 30 personas que pasaron casi dos semanas detenidos mientras se definían medidas.
Luego se imputó a 45 personas más que fueron convocadas por la Fiscalía.
Además, cabe resaltar que en Cochinilla se aplica por primera vez la imputación a personas jurídicas dentro de un proceso penal. Ello permitió incluir a 10 personas como sospechosas.
OBSERVE MÁS: Informes de auditoría del Conavi son desplanificados y no advierten riesgos: Contraloría
Tras los allanamientos e imputaciones, se han dado algunas audiencias y otros pasos han quedado congelados.
El 4 de octubre, por ejemplo, se canceló la sesión para apertura de evidencias.
El 17 de noviembre, por su parte, se confirmó la declaratoria de crimen organizado. Esta figura permitió intervenciones telefónicas, lo cual era reclamado por los abogados de los imputados.
