Sergio Arce
La extensa audiencia que se le realiza a los 30 detenidos en el llamado Caso Cochinilla terminará el viernes a petición de la jueza a cargo Carolina Lizano.
La letrado ordenó a la Fiscalía que termine con la presentación de los casos y la petición de medidas cautelares este jueves a más tardar al mediodía.
Y la defensa tendría el resto del jueves y viernes para su exposición.
Así lo confirmó a este medio Eric Gatgens, abogado de los responsables de la empresa H.Solís, una de las firmas investigadas.
La acusación consta de un legado de más de 500 páginas. Y dada la cantidad de personas participantes se están usando en simultáneo 5 salas del II Circuito Judicial, en Goicoechea.
Mientras esto ocurre los implicados seguirán durmiendo en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Allanamientos no han terminado
Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que al medio día de este miércoles los allanamientos no habían terminado.
Las pesquisas activas están en:
- Dos oficinas de Conavi
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Empresas constructoras
En ellos, se sigue recabando material como información contable y dispositivos electrónicos como computadoras, celulares y tabletas.
¿Cómo operaba la red?
Cerca de ¢78.000 millones se malversaron entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 por la red de corrupción que fue desmantelada el lunes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según explicó Wálter Espinoza, director de la policía judicial, se malversaron fondos que se dirigían a alimentar “de manera irregular proyectos de obra pública tomando dinero de otras partidas”.
¿Cómo operaba esta “red criminal” así catalogada por las autoridades judiciales? Espinoza explicó que la primera hipótesis de trabajo fue que se entregaban coimas (pagos indebidos) a funcionarios a cambio de ventajas para ciertas empresas.
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Entonces, lo que se presume es que movían dineros de otros programas para estos proyectos en los cuáles algunos funcionarios obtenías ventajas personales.
Ahí es donde señalan que en el período de investigación que comprende 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 “generan un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”.
Espinoza dijo que se identificó un uso irregular de fondos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y además se involucró personal de otras instituciones.
