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Caso Cochinilla: detenidos dueños de las constructoras Meco y H Solís

La dueña de la constructora H Solís, Mélida Solís, llegó esta mañana al I Circuito Judicial de San José, acompañada…

Por Paula Ruiz

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Caso Cochinilla: detenidos dueños de las constructoras Meco y H Solís
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La dueña de la constructora H Solís, Mélida Solís, llegó esta mañana al I Circuito Judicial de San José, acompañada de sus abogados para ponerse a las órdenes de las autoridades judiciales.

Horas después, Solís fue trasladada al Centro de Atención Institucional Vilma Curling. Se trata de la también conocida centro penal El Buen Pastor en Desamparados.

En este lugar ella permanecerá aislada durante 14 días como parte de los protocolos sanitarios. Posteriormente se le llevaría a uno de los módulos.

Mientras tanto, el dueño de la Constructora Meco, Carlos Cerdas, fue detenido en Escazú. Él también fue llevado al I Circuito Judicial de San José.

Cambio de medidas

La detención se da luego de que el Tribunal Penal de Hacienda determinó que las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas en el Caso Cochinilla no son adecuadas. Por eso estas quedaron anuladas este lunes.

Ambos deberán cumplir 4 meses en prisión preventiva y no cabe apelación.

Erick Gatgens, abogado de Solís, declaró que con esta decisión del Tribunal su cliente queda en la indefensión. Indicó que esta prisión preventiva “se convierte en una condena anticipada”.

Producto de esta medida, procede la devolución de la fianza que fue otorgada al juzgado penal. En el caso de ella se impuso un monto de $3 millones. En cuando al propietario de Meco la fianza se fijó en $5 millones.

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La decisión del Tribunal Penal

El Tribunal Penal de Hacienda determinó que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son adecuadas y como tal las anuló.

La resolución trascendió a primera hora de este lunes, luego de una audiencia de 4 días la semana anterior.

El juez revisó la medida y según anunció, tomando en cuenta el perfil de los imputados, sus recursos y el poder que ostentan, el relajamiento de medidas no procede.

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Según explicó el Poder Judicial, a través de una comunicación de prensa este lunes, para resolver este reclamo, se sopesó:

  • Las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas
  • Las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado)
  • La posición ostentada en la estructura y plan criminal
  • La magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.

“Arribándose a la conclusión de que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta, no son adecuadas, es decir no reúnen los criterios de idoneidad requeridos”, indicó el Tribunal.

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En libertad

El 26 de junio anterior, tras una maratónica audiencia, la jueza Carolina Lizano determinó no imponer la prisión preventiva a ninguno de los imputados.

Algunos de los involucrados sí  se les dictó medidas alternativas. Esas fueron:

  • Mélida Solís, dueña de HSolís: $3 millones e impedimento de salida del país
  • Carlos Cerdas, de Meco: $5 millones e impedimento de salida del país
  • Tobías Arce: tobillera electrónica
  • Alejandro Bolaños, Abel Gonzalez, William Herrera, Sonia Solis y Carlos Solís: impedimento de salida del país.
  • Alister Cervantes, empresa DICCOC: impedimento de salida del país
  • Manuel Quesada, del Tribunal Administrativo de Transporte: libre sin medidas cautelares.

A los funcionarios involucrados en el caso se les dictó impedimento de salida del país y firmar cada 15 días.

Para las personas investigadas que laboran en sector público la suspensión del cargo, no acercarse a Conavi en un radio de 1 km. y no acercarse a testigos, según informó en ese momento el Poder Judicial.

La Fiscalía apeló esta decisión de la jueza

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El Caso Cochinilla

El lunes 14 de junio, los costarricenses despertaron con una noticia con repercusión a nivel internacional que las autoridades denominaron el Caso Cochinilla.

Ese día, se realizaron 57 allanamientos en casas de habitación e instituciones públicas como el MOPT, Conavi y la Casa de Gobierno.

Así, se destapó la supuesta red de corrupción, mediante la cual, funcionarios públicos pedían dádivas para favorecer a empresas privadas.

El caso que se tramita bajo el número de expediente 21-000250-1220-PE.

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