Paula Ruiz
Los diputados que integran la comisión especial para investigar el Caso Cochinilla iniciarán sesiones con audiencia el próximo jueves a partir de las 8 a.m.
Durante este lunes, los legisladores determinaron la metodología a seguir, convocatoria a audiencias y solicitud de información a diversas instituciones públicas implicadas en este caso.
Como punto medular, los legisladores descartan competir con el proceso judicial, manifestó Pablo Heriberto Abarca, presidente del panel legislativo.
Más bien buscarán recopilar insumos que ayuden en ese trámite judicial, según se expresó en la moción inicial para la conformación de la comisión especial.
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¿Quiénes están convocados?
La primera persona en brindar declaraciones será Alejandro Navas, director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme).
El interés en esta audiencia tiene que ver con los informes emitidos por la entidad sobre obras viales a cargo de las empresas constructoras ahora cuestionadas en la presunta red de corrupción.
Más audiencias a la vista
Otras siete personas ya están en la mira para ser llamados en audiencia. En la moción aprobada este lunes se convocará a las siguientes personas:
- Marta Acosta, contralora general de la República
- Reynaldo Vargas, auditor interno del Conavi o quien esté en el cargo
- Edgar Meléndez, gerente interino de Vías y Puentes del MOPT
- Isaac Castro, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda
- José Luis Araya, Director de Presupuesto Nacional
- Mauricio Arroyo, Tesorería Nacional
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Dentro de las etapas de trabajo de la investigación están la recopilación de información para elaborar una línea de tiempo con los hechos, hallazgos y los actores involucrados.
Además de audiencias y recolección de pruebas para finalmente, aprobar un informe de investigación que deberá ser analizado en Plenario.
“Esperaríamos que pronto podamos avanzar en la investigación que es de interés de todos los costarricenses”, resaltó Abarca.
Ampliar la investigación
Por otra parte, el diputado José María Villalta solicitó este lunes ampliar la investigación hacia municipalidades.
Según el expediente judicial, Abel González -uno de los colaboradores de la empresa Meco- mencionó un posible reajuste de precios sobre la contratación de obra pública por ¢98 millones en la Municipalidad de Heredia.
De ese monto, al parecer ¢30 millones serían para el alcalde José Manuel Ulate, quien hasta el momento no se ha referido.
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También, estaría implicada la Municipalidad de San José por contratos con esta misma compañía.
Al respecto, el diputado Jonathan Prendas reconoció que la investigación política se centra en Conavi, MOPT, Contraloría, Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial.
No obstante, está de acuerdo en que si el propio transcurso del análisis se debe ampliar a otras entidades, así debería de procederse.
El caso
Desde el lunes 14 de junio, 28 personas -tanto del sector privado como empleados públicos- quedaron detenidas en celdas del OIJ, donde comenzarían un proceso del que no se sabe aún su finalización.
La investigación del Caso Cochinilla se lleva bajo el expediente 19-000025-1218-PE un legado de más de 500 páginas.
Hasta el momento se analizan los supuestos delitos de:
◦ Cohecho propio
◦ Tráfico de influencias
◦ Estafa
◦ Falsedad ideológica
◦ Uso de documento falso
La investigación de este caso se catalogó como “red de crimen organizado” según indicó el lunes el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Dijo además que durante el período de indagación que comprendió 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 se habían malversado ¢78.000 millones.
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