El Tribunal Penal de Hacienda determinó que las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas en el Caso Cochinilla no son adecuadas y como tal las anuló. Por ende, los dueños de las constructoras H Solís, de apellido Solís y de Meco de apellido Cerdas, deberán cumplir 4 meses de prisión preventiva.
La resolución trascendió a primera hora de este lunes, luego de una audiencia de 4 días la semana anterior.
Todos los sospechosos habían quedado libres, unos a cambio de millonarias fianzas, o con impedimentos de salida del país.
El juez revisó la medida y según anunció, tomando en cuenta el perfil de los imputados, sus recursos y el poder que ostentan, el relajamiento de medidas no procede.
Según explicó el Poder Judicial, a través de una comunicación de prensa este lunes, para resolver este reclamo, se sopesaron elementos objetivos e incuestionables del sumario, entre ellos:
- Las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas
- Las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado)
- La posición ostentada en la estructura y plan criminal; así como la magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado.
“Arribándose a la conclusión de que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta, no son adecuadas, es decir no reúnen los criterios de idoneidad requeridos”, indicó el Tribunal.
Le dio la razón a la Fiscalía
Con base en estos criterios, según explicaron, se declaró con lugar el recurso del Ministerio Público.
En consecuencia, se decretó “la ineficacia de las medidas cautelares alternativa a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal”.
Dicha medida, afecta solamente a Solís y a Cerdas para quienes el jueza Carolina Lizano ya había dictado la medida de prisión preventiva, sin embargo aceptó las medidas alternas y pidió fianzas de $3 millones en el caso de Solís y $5 millones, para Cerdas.
En cuanto al recurso de apelación del Ministerio Público en contra los investigados, a los cuales no se les impuso prisión preventiva, estos fueron rechazados.
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Abogados estaban confiados
El jueves anterior, luego de terminar la audiencia, los abogados insistieron nuevamente en que la Fiscalía tiene una débil posición en este caso.
Varios de ellos criticaron los argumentos del Ministerio Público, lo que a su vez alimenta la expectativa de que no se varíen las medidas vigentes.
“Me siento muy, muy confiado en que se van a mantener las medidas que fueron impuestas”, dijo Francisco Campos, representante de Mélida Solís.
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“Nos inclinamos porque es suficientemente claro que las medidas son suficientes para el aseguramiento procesal”, agregó el defensor de Carlos Cerdas, Erick Ramos.