Tomás Gómez
Desde que se conoció, el Caso Cochinilla se perfilaba como largo y complejo. Su etapa inicial así lo está demostrando.
Las decenas de reclamos interpuestos por las partes van aclarándose de a poco y una de las resoluciones más recientes advierte que la primera fase está lejos de concluirse.
Así consta en la resolución emitida por el juez Jean Carlo Monge el pasado 30 de setiembre y de la cual este medio tiene copia.
En ella se rechazan varias apelaciones referentes a los allanamientos y se revisa las limitaciones impuestas a las empresas vinculadas al caso. Además se advierte que dada la carga de trabajo de varios de los defensores hay audiencias clave que tendrán que programarse para inicios del año entrante.
Los temas resueltos por el juez
Entre los aspectos que el juez Monge sí pudo entrar a valorar estuvieron los reclamos de la empresa LGC; a la que se le rechazó las apelaciones por la medida cautelar de inmovilizarle los bienes.
También se rechazó la petición de la firma Cacisa para poder disponer de dos terrenos como garantía, pues también tiene medida de inmovilización.
A ello se sumó la convocatoria a una audiencia especial para ver los reclamos de la empresa Also Frutales, referentes al allanamiento. Aunque se pretendía acumular todos los señalamientos similares en una sola audiencia, esta estaría planeándose para el 2022 y ante ello, se ordenó adelantar lo referente a esta firma cuando haya espacio en la agenda.
Eso sí, se rechazaron los alegatos de su defensa sobre la inmovilización de bienes. Además se denegó la posibilidad de poder ampliar la fundamentación de la apelación, pues a criterio del juzgador estaría dando más tiempo del establecido.
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El juez concluyó indicando que se sabe que hay una amplia cantidad de reclamos pendientes que irán abordando poco a poco.
“Si bien este juzgador es consciente que existen otros escritos que todavía no han sido resueltos, dichos documentos se irán abordando de forma paulatina en los próximos días; toda vez que el Juzgado Penal también debe resolver gestiones de otras causas, en las que las partes esperan una respuesta oportuna a sus requerimientos”, indicó.
¿Inmovilizar al Conavi, Contraloría o Casa Presidencial?
El Caso Cochinilla viene a sentar un precedente pues por primera vez se asigna responsabilidad penal a las personas jurídicas. Esto responde a la Ley 9699 “Ley Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, aprobada en el 2019 en el marco de la incorporación a la OCDE.
Su uso ha generado dudas pues al ser una nueva norma no hay jurisprudencia o estudios que aclaren y delimiten su uso.
Aplicarla no ha estado libre de conflictos pues los jueces la han manejado desde una visión muy amplia que afecta no solo los movimientos registrales de las empresas imputadas sino también hasta sus cuentas bancarias, complicando así operaciones tan básicas como pagar salarios o impuestos.
Con el fin de clarificar la situación y exponer el extremismo al que se eventualmente está llegando con su uso, el abogado Luis Alonso Salazar, de Also Frutales, planteó una apelación más con carácter simbólico. En ella se pedía aplicar las mismas limitaciones a Casa Presidencial, la Contraloría, el Conavi y los Ministerios de Obras Públicas y el de Ambiente, donde laboran los funcionarios sospechosos del Caso Cochinilla.
La medida se rechazó en primera instancia pero en el punto 6 de la resolución, el juez la revive y da 6 días para presentar posturas en este tema.
El abogado Salazar insiste en que el objetivo no es en ningún caso entorpecer la labor de los entes públicos sino que haya una aplicación más razonable de la ley.
“Lo que se quiere es el que el Tribunal tenga que dimensionarlo, tener la resolución y que se diga que no se trata de inmovilizar empresas en un todo sino que lo que se trata es que eventualmente se establezcan otro tipo de condiciones y que las empresas puedan seguir operando”
Más temas se van acumulando en el Caso Cochinilla
El denominado Caso Cochinilla estalló el 14 de junio cuando se realizó una seria de allanamientos en instituciones públicas, empresas, residencias particulares. También en Casa Presidencial, por segunda vez en la historia.
La acción judicial se originó tras varios años de investigación de las presuntas dádivas que funcionarios públicos pedían a los empresarios.
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Tuvo una primera ronda judicial con 30 personas de las cuales hay dos detenidos. Hubo luego un segundo llamado a sospechosos, que dejó 45 imputados más.
Además, una decena de personas jurídicas también están incluidas gracias a una nueva ley que les otorga responsabilidad penal.
De momento, aún siguen pendientes apelaciones clave. Entre esas está el reclamo por haber declarado el caso como “crimen organizado” y donde se cuestiona la legalidad de la intervención de llamadas.
Para el lunes anterior se tenía programada la apertura de pruebas digitales pero esta se interrumpió por más apelaciones.
