Tomás Gómez
Pese a haber defendido su derecho al salario en varias ocasiones, el alcalde de San José, Johnny Araya, finalmente renunció a su pago mensual de ¢6 millones.
Según dijo, ve muchos vacíos legales en esa opción y se debe respetar la presunción de inocencia, pero que respeta el criterio de la Contraloría, según el cual deben congelarse los salarios mientras dure la suspensión.
“No es de ninguna manera mi intención exponer a los regidores municipales que solidariamente han querido mantener mi remuneración”, afirmó.
“Soy absolutamente respetuoso de lo ordenado por el ente contralor, eso sí, sigo absolutamente convencido de mi inocencia, y demostrarlo será la prioridad más importante que ahora tengo en mi vida”, insistió.
Araya se suma así a los alcaldes de San Carlos, Alfredo Córdoba, y Osa, Alberto Cole, quienes también desistieron voluntariamente del cobro.
Según la normativa, aunque la suspensión la impone el Poder Judicial, corresponde a cada concejo municipal decidir si paga o no el salario mientras dure la sanción.
Tanto el lunes como el martes el concejo josefino sesionó sin llegar a acuerdos. En la sesión del martes, incluso se afirmó que no se tomarían acuerdos hasta que la apelación quedara en firme.
La Contraloría General de la República emitió un criterio mediante el cual señaló que es claro que se deben suspender los pagos a los alcaldes suspendidos de sus cargos.
“Si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario”, afirma el análisis firmado por la División Jurídica.
Así consta en el pronunciamiento DJ-1836-2021, enviado el lunes a los ayuntamientos implicados en el caso.
Operación Diamante cerca a los alcaldes
La llamada Operación Diamante estalló la semana pasada con una serie de allanamientos por supuestas irregularidades en obras públicas municipales.
- Por ese hecho fueron detenidos los alcaldes:
- Johnny Araya, San José
- Mario Redondo, Cartago
- Humberto Soto, Alajuela
- Arnoldo Barahona, Escazú
- Alfredo Córdoba, San Carlos
- Alberto Cole, Osa
Contra todos se impuso el viernes una suspensión de 6 meses, medida que apelaron de inmediato y que espera una audiencia nueva.
Además de los alcaldes que ya renunciaron al salario (Córdoba, Cole y Araya), está el caso de Escazú, donde el concejo esperará que se aclare el proceso judicial.
Para Alajuela y Cartago, por su parte, se esperan sesiones para este miércoles.
Ahora, cada concejo determinará si mantiene o quita el salario en ese plazo, lo que no ha estado exento de polémicas.
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