Tomás Gómez
El Ministerio Público oficializó el miércoles la lista de eventuales figuras penales que están bajo análisis en el expediente del Caso “Madre Patria”.
Dada la complejidad de la aparente estructura, las imputaciones están repartidas según los roles que tenía cada persona, pero son en total seis figuras para hipótesis.
Sus alcances y sanciones se definen así:
- Asociación ilícita: se pone una pena de 1 a 6 años cuando se unan dos o más personas para cometer delitos; bastando con solo ser miembro del grupo para estar configurando el ilícito. Las penas pueden agravarse si el enfoque son actos de terrorismo o secuestro extorsivo.
- Falsedad ideológica: se genera cuando alguien inserta o hacer inserta declaraciones falsas en documentos públicos que terminen generando perjuicios. La pena normal es de 1 a 6 años y se eleva de 2 a 8 si lo ejecuta un funcionario público.
- Estafa mayor: se cataloga en esta figura el inducir a error a una persona o mantenerla en él mediante hechos falsos u ocultamiento de información para teminar sacándole un beneficio patrimonial ilegal. Los casos más graves se penan de 6 meses a 10 años y el requisito es el que monto estafado supere los 10 salarios base (actualmente sería ).
- Legitimación de capitales: es una figura de amplia regulación con diversas sanciones según los hechos específicos. Por ejemplo, pone una pena mínima de 4 a quien comercie bienes producidos por un delito o esté encubriendo ese origen. También castiga el proteger los bienes que provengan de origen ilícito. Además, las penas se disparan al rango de 10 a 20 años cuando los bienes provienen de narcotráfico y otras conductas reguladas en leyes específicas.
- Cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor): el cohecho sanciona los empleados públicos que cobren ya sea por hacer sus tareas; o por dejar de hacerlas o ejecutarlas mal. En esos casos las penas más altas van de 3 a 8 años. Cabe resaltar que la normativa establece que también debe imponer la misma pena a las personas que brinden, ofrezcan o prometan la dádiva o ventaja indebida.
- Procuración de impunidad: finalmente aparece este tipo penal enfocado en sancionar a los empleados públicos que procuren que un investigado quede impune o pueda evadirse. En su modalidad más simple se puede condenar desde 3 hasta 10 años, subiendo al rango de 8 a 20 años si los ejecuta un Juez o Fiscal. En estos casos también se inhabilita a la persona de la función pública.
Los detalles y sanciones de esta lista de figuras investigadas se desarrollan tanto en el Código Penal como en la Ley 8204; esta denominada “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
“Madre Patria” y sus perfiles
“Madre Patria” llevaba dos años y medio de investigación, pero reventó el martes a primera hora, con 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Al grupo se le decomisaron 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes.
En total se investiga a 54 personas como parte de una estructura sospechosa de acceder a terrenos.
Los implicados operarían en una estructura que tomaba esas propiedades aprovechando su desocupación o la desintegración de las personas jurídicas. De ahí se daba la venta a personas que los compraban de buena fe.
La transacción generaba millones de colones que eran blanqueados de diferentes formas, para lo que se recurría a profesionales de diversas áreas.
Por ejemplo, se identificó a un juez que, eventualmente, facilitaría sus sociedades de venta tipo “outlet” o de transporte de mercancías. De la misma manera, el experto daría asesoría legal.
Otro eje es la participación del grupo en el sector de transporte. Ahí se achaca un acuerdo con 5 tráficos para hacerle multas a la competencia y después, supuestamente, poder tomar las rutas.
De paso, se analiza el rol de las personas (notarios y otros empleados) que trabajaban directamente con el grupo.
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