Tomás Gómez
Luego del amplio despliegue generado por el Caso “Madre Patria”, con decenas de allanamientos y detenciones el martes, será el jueves cuando se escale a la siguiente etapa del trámite judicial.
Para ese día, a partir de las 8:00 de la mañana, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada programó la audiencia de medidas cautelares.
Serán 30 personas las que pasarán por el proceso. Por ahora, la Fiscalía no adelanta detalles de las peticiones que se harán a los jueces.
El despacho solicitará medidas cautelares en contra de las siguientes personas:
- León Muñoz (de nacionalidad española)
- Jiménez Arias
- Arrieta Solano
- Rodríguez Hidalgo
- Fernández Gustavino
- Gómez González (de nacionalidad española)
- García Núñez
- Prendas Matarrita
- González Araya
- Herrera González
- Fernández Bonilla
- Aguilar Zúñiga
- Chaves Arias
- Campos Vega
- Rojas Rojas
- González Pinto
- Venegas Marín
- Marín (de nacionalidad colombiana)
- Loaiza Bolandi
- Castro García
- Barrientos Campos
- Barrientos Campos
- González Jiménez
- Herrera Vega
- Alvarado Amador
- Ramírez Zumbado
- Morera Quesada
- Pérez Alcázar
- Campos Bolaños
- Rosales Apú
Cabe destarcar que hubo otros detenidos el martes, pero que horas después fueron puestos en libertad.
“A los imputados Solano Acosta, Castro Segura, Mora Badilla, Araya Cascante, Rubí Leiva y Corrales Murillo, la FAEDO les tomó la declaración indagatoria”, indicó el Ministerio Público.
“Tras valorar su situación particular, determinó que, por ahora, pueden permanecer apegados al proceso, sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”, detalló el Ministerio Público.
Un “megacaso” según las autoridades
“Madre Patria” llevaba dos años y medio de investigación, pero reventó el martes a primera hora, con 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Al grupo se le decomisaron 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes.
En total se investiga a 54 personas como parte de una estructura sospechosa de acceder a terrenos.
Los implicados operarían en una estructura que tomaba esas propiedades aprovechando su desocupación o la desintegración de las personas jurídicas. De ahí se daba la venta a personas que los compraban de buena fe.
La transacción generaba millones de colones que eran blanqueados de diferentes formas, para lo que se recurría a profesionales de diversas áreas.
Por ejemplo, se identificó a un juez que, eventualmente, facilitaría sus sociedades de venta tipo “outlet” o de transporte de mercancías. De la misma manera, el experto daría asesoría legal.
Otro eje es la participación del grupo en el sector de transporte. Ahí se achaca un acuerdo con los tráficos para hacerle multas a la competencia y después, supuestamente, poder tomar las rutas.
De paso, se analiza el rol de las personas que trabajaban directamente con el grupo.
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