Tomás Gómez
El nombre de varios ciudadanos extranjeros que habrían sido despojados de sus propiedades aparecen citados en los documentos de la investigación del denominado caso Madre Patria.Varias de estas personas, aparentemente víctimas de estafa, no solo estaban fuera del país o les cambiaron la nacionalidad. Incluso está el caso de una persona que apareció vendiendo su propiedad, cuando había fallecido décadas antes.
Casi una decena de expedientes judiciales específicos figuran en el expediente al que El Observador tuvo acceso.
Entre los casos más llamativos está el de un lote en Escazú, vinculado a una de las sociedades bajo investigación.
Supuestamente la propiedad fue vendida por su dueño ante una notaria. Las perspicacias surgen porque supuestamente la transacción se dio en 2019, pero el hombre estaba muerto desde 1996.
La lista sigue
Lo que llama la atención de las autoridades judiciales es la generación de documentos oficiales donde supuestamente las personas comparecían ante notarios, en condicionales materialmente imposibles.
Uno de los casos arranca en 1999, cuando dos estadounidenses compararon una finca en Guanacaste. Para 2020 apareció un poder donde uno de ellos permitía la venta del terreno, pero según confirmó el registro migratorio, el afectado no estaba en el país para esa fecha.
Una señora colombiana por su parte, tenía una finca en Alajuela que adquirió en 2013. El lote estaba valorado en $55.000, pero en 2021 apareció una escritura donde supuestamente ella la vendía en apenas ¢1 millón. Nuevamente, en la fecha del documento, la afectada no estaba en el país.
Lo mismo ocurrió con otra colombiana a quien le habrían aplicado una táctica similar. Se generó una escritura por un terreno que se traspasó sin pago o voluntad alguna; además de que la mujer no estaba en el país la firma.
Más complejo está el caso de un hombre de Irak que tiene un lote desde 1981 en Heredia. En 2021 se generó la supuesta venta del mismo, con el agravante de que, no solo de que no estaba en el país, sino que los datos no calzaban con su país de origen.
El caso de la pareja costarricense
El caso quizás clave dentro de la investigación se centra en la familia Castro Zamora.
Se trata de un matrimonio de adultos mayores que originalmente recurrieron a dos abogados para un trámite y con ello el jurista se ganó su confianza. De ahí, empezó a asesorarlos en otros temas como inversiones, bajo la promesa de ganar intereses.
De esa relación se terminó generando en enero del 2021 una supuesta autorización para vender un terreno, pero esta no existía. Sobre esa finca se generó una hipoteca por $80.000.
A finales de ese año los adultos mayores se enteraron del gravamen sobre su propiedad y empezaron a pedir explicaciones. Los abogados dijeron entonces que presentarían una denuncia y hasta les pasaron el supuesto recibido de un documento de la presunta denuncia penal, pero los investigadores se percataron que ese documento era falso.
Aunque a los sospechosos se les endilga haber hecho más movimientos para dar por cancelada la hipoteca, este trámite se complicó.
En medio del proceso, el hombre afectado falleció y es su esposa es quien sigue llevando el proceso legal.
Crimen organizado contra personas vulnerables
En la presentación de “Madre Patria” las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público detallaron que antes de tener un “mega caso”, se fueron recibiendo denuncias individuales.
Fue así como se pasó de una investigación por supuestos fraudes específicos a ver un formato completo de trabajo.
Los hallazgos llevaron a que el 26 de setiembre del 2022 la Sección Especializada de Crimen Organizado del OIJ presenta su informe original. Este destacaba la aparente sofisticación del trabajo conjunto.
“Los acá investigados registran varias causas como imputados, lo cual evidencia que estas personas vienen realizando este tipo de actos desde hace varios años atrás; incluso demuestran como han ido mejorando e implementando nuevas estrategias para lograr su objetivo de despojar a una serie de personas ilícitamente de sus bienes”, anota el expediente.
A ello suma un especial llamado de atención por el perfil victimológico que impactaban los casos:
- Personas de edad avanzada, extranjeros y otros perfiles de vulnerabilidad
- Selección de terrenos de alta plusvalía
- Escrituras con “reiteradas inconsistencias”
- Movimientos migratorios desmienten supuestas comparecencias ante notarios
- Valores de terrenos cambian respecto a los precios reales de mercado
¿Por donde va el megacaso de “Madre Patria”?
“Madre Patria” llevaba dos años y medio de investigación, pero reventó el martes pasado a primera hora, con 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Al grupo se le decomisaron 38 vehículos y 13 buses de servicios en Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes.
En total se investiga a 54 personas. De ellos 35 fueron detenidos en la operación inicial y 6 no han sido localizados.
Del grupo privado de libertad hubo 5 liberados el primer día y posteriormente se otorgó la libertad a 5 oficiales de tránsito y un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP).
Eso sí, ese grupo de funcionarios y el resto de personas que siguen detenidas están actualmente bajo audiencia de medidas cautelares. La cita se lleva desde el jueves y este lunes apenas culminó la exposición de la Fiscalía, que pide un año de prisión preventiva contra la mayoría de detenidos. Le seguirán las exposiciones de los defensores, lo que no hace posible estimar cuándo terminará el trámite.
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