Redacción El Observador
Durante casi dos años de investigaciones que incluyeron seguimientos, intervenciones telefónicas y secuestros de documentos, entre otros recursos, los investigadores judiciales concluyen que el grupo delictivo del denominado caso Madre Patria, habría utilizado ventas y simulaciones de ventas de vehículos de alta gama para lavar bitcoins reportados en España.
De acuerdo con las informaciones, en un solo día, este grupo criminal llegó a mover 12 millones de euros en criptomonedas. Tal era la cantidad de dinero que movilizaban que estarían considerando comprar un banco en México, según las conversaciones telefónicas intervenidas.
“Mediante la venta de vehículos de alta gama lograron la colocación de los bitcoins reportados por la Policía Nacional de España, reportando en las escrituras públicas valores sumamente inferiores a las del valor real del vehículo, ocultando así la cantidad de dinero real que fue suministrada por los investigados en la compra de los automotores, evitando con ello la justificación del origen de los fondos, logrando su objetivo inicial de la colocación de las criptodivisas”.
Así lo señala parte de la investigación contenidas en el expediente 22-005018-0042-PE.
Los investigadores dicen que en algunos casos “se observó el ciclo de traspasos de los vehículos aumentando sus valores progresivamente” lo que le permitía al grupo criminal poder justificar; con la presentación de testimonios de escritura por las compraventas, ingresos millonarios en los sistemas financieros nacionales (lntegración), que inicialmente fueron adquiridos con criptomonedas de origen oscuro”.
Para ello, usando un negocio especializados en la venta e importación de autos de lujo, clásicos y deportivos, traídos desde Europa y Estados Unidos, ubicada en Escazú.
“La cartera de clientes de la concesionada es destinada a un conjunto de personas de alto nivel económico que buscan adquirir vehículos exclusivos, y tratan de personas con conocimientos en automovilismo, ya que presentan características significativas distintas a un vehículo convencional que aumentan considerablemente el valor de mercado”, señalan los investigadores.
Captura de pantalla del expediente judicial. (El Observador)
Según la descripción de los agentes judiciales, se mostraban varias transacciones para cada carro. Inicialmente aparecían ventas por precios sumamente bajos. Un BMW en ¢800.000 colones, un carro de colección en ¢4 millones. Sin embargo, luego se registraban operaciones, incluso entre sociedades de los mismos involucrados, hasta llegar a comprador de buena fe.
Captura de pantalla del expediente judicial del denominado caso Madre Patria. (El Observador)
“La concesionaria de vehículos en colaboración con el notario público, coadyuvaron en la colocación de las criptomonedas reportadas por Ia Policía Nacional de España materializadas en bienes muebles, omitiendo el modo de pago real; pago en criptomonedas; e interponiendo un precio de venta ridículo en cuanto a su valor real, con el único objetivo de evitar la justificación de los fondos”, dice parte del expediente.
La organización criminal
Según la investigación judicial que se desarrolla desde el 2022, los principales líderes de este grupo criminal son dos ciudadanos españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz, así como dos hermanos de apellidos Chaves Arias.
Ellos tendrían “tres testaferros o personas encargadas de prestar sus nombres para legitimar capitales mediante sociedades, cuentas- bancarias y derechos sobre bienes, se trata de tres mujeres de apellidos García Núñez, Jiménez Arias y Solano Acosta (parejas sentimentales). Todas ellas son parejas sentimentales de los cabecillas.
En un nivel más bajo —dice el OIJ— se identificó a un hombre de apellidos Herrera González, vecino de Heredia, y quien tendría una puesto de confianza en la estructura como encargado de la administración de rutas de trasporte público y venta de autobuses a terceros. En este negocio también figura una joven de 22 años de edad de apellidos Herrera Vega e hija de Herrera González. Esta mujer también operaría como testaferro en sociedades de transporte público y era la encargada de las finanzas de las sociedades.
De acuerdo con los investigadores, ese negocio de transporte público también que les permitía “mezclar los dineros obtenidos de manera ilícita y darles apariencia de lícitos”.
Identifican también a dos hombres, costarricenses de apellidos Barrientos Campos y Fernández Gustavino, especialistas en sistemas informáticos y quienes se encargaban de aplicar sus conocimientos para convertir dineros de moneda oficial a criptomonedas y así mezclar y ocultar su origen
Hay otro hombre, hermano de uno de los informáticos de apellidos Barrientos Campos quien figura como testaferro de bienes inmuebles.
En la parte legal se identifica a un abogado de apellidos Martínez Parada que participa activamente con la organización y de la cual recibe un porcentaje alto de las ganancias que obtiene por realizar comparecencias falsas. Indica que este abogado ejerce el control sobre otro grupo de profesionales que trabajaron para una firma legal, ellos son de apellidos: Fernández Bonilla, Berrocal Durban, Seeman Zúñiga, Rojas Monge y una asistente de apellidos Leiva Arias.
Dice el expediente que además, Martínez Parada, le facilitó a los cabecillas de la organización criminal, el contacto de dos colombianos de apellidos Peláez Botero y Trujillo Restrepo quienes “ayudan a financiar al grupo criminal al otorgarles créditos millonarios sobre propiedades provenientes del fraude registral, con pleno conocimiento del origen ilícito de cómo se obtuvieron dichos bienes inmuebles”.
En la organización hay otro abogado de apellidos Loaiza Bolandi que participa activamente con la organización y utiliza a los notarios González Jiménez, Mora Bonilla, González Pinto, Garita Quirós, Prendas Matarrita, Castro Segura y un colaborador que presentaría escrituras falsas de apellidos Garita Castro.
Presuntamente con Loaiza Bolandi trabajaron dos personas más de apellidos Rodríguez Hidalgo y una mujer Arrieta Solano, quienes se encargaban de buscar ” propiedades para sustraer e intermediarios para la venta a compradores de buena fe”
Este grupo habría llegado a sustraer cerca de 300 propiedades. Extranjeros y adultos mayores eran las principales víctimas.
Por el momento, cerca de 24 personas permanecen detenidas mientras se realizan las audiencias judiciales. Hay un grupo de 8 personas que son requeridas por el OIJ, algunos están fuera del país y las autoridades no descartan recurrir a la Interpol para traerlos al país.
