Hermes Solano
La fiscala general, Emilia Navas, aprovechó la conferencia de prensa de este jueves para referirse a otros casos sonados y el momento judicial en el que se encuentran. Lo hizo poco después de explicar por qué se inhibió en el Caso Cochinilla.
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Uno de ellos es el de la UPAD, que generó en febrero de 2020 el primer allanamiento a Casa Presidencial en el gobierno de Carlos Alvarado. Este caso tiene al presidente Carlos Alvarado dentro de los investigados.
Después de un año y cuatro meses, Navas reconoce que no se ha podido avanzar en el caso debido a la cantidad de apelaciones que han presentado los abogados defensores de las personas señaladas.
Incluso, dijo que lo que hacen es usar tácticas dilatorias para no dejar que la investigación y el proceso avance.
“Es un caso que se hizo una diligencia en febrero de 2020 y hoy estoy esperando que el expediente me regrese. Resulta que las personas que figuran como abogados defensores se han encargado de retrasar el expediente”, dijo la fiscala.
Durante el allanamiento se decomisaron documentos y aparatos electrónicos como pruebas del caso; sin embargo, reitera que se ha avanzado poco.
“Los defensores impugnan todo lo que se hace, las decisiones del Ministerio Público, del juez penal, de la Sala III”.
“Han venido ya, por ser reiterados, tácticas dilatorias, y la investigación no va a avanzar”, añadió.
Según Navas, este tipo de prácticas son comunes cuando se investigan casos de corrupción con un número importante de imputados.
“Suele pasar en casos de corrupción con un número importante de personas investigadas y un número de personas defensoras”, indicó.
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Apelaciones del Presidente
A lo largo de los meses los abogados defensores del presidente Alvarado han presentado apelaciones, principalmente al considerar que ha habido errores en la apertura de las pruebas del caso.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal ha rechazado las apelaciones. La última se dio en abril anterior.
Los abogados Roger Guevara y Rodolfo Brenes no compartieron la decisión de la Sala.
“Respetamos a la honorable Sala Tercera, pero no compartimos su resolución. Analizaremos cuidadosamente la situación en que nos encontramos, pues esto implicaría sentar un gravísimo precedente en la historia judicial de nuestro país, mediante el cual se autorizaría la utilización de un procedimiento ad hoc, para un caso particular, sin brindarle a la defensa posibilidad alguna de discutir o cuestionar esa decisión”, expresaron.
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Otros casos
La jefa del Ministerio Público también habló de dos casos sonados y que todavía no han sido juzgados: el de la Trocha y el del cemento chino.
“El caso de la Trocha, que no es de mi gestión, está esperando un espacio en los Tribunales de Justicia”, afirmó Emilia Navas.
Este caso se da por irregularidades en la construcción de la Ruta Nacional 1856 en la frontera Norte con Nicaragua.
La Fiscalía acusó por más de 122 delitos a exfuncionarios de Conavi y desde marzo de 2020 se anunció que iría a juicio, pero aún no hay fecha.
Mientras tanto, en el otro caso, el del cemento chino según Navas se está a la espera de que termine la revisión de la prueba y evidencia y se determine si tiene visto bueno para presentarlo ante el Juzgado Penal.
