En medio de amenazas de desabastecimiento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invirtió $2,4 millones en miles de mascarillas compradas durante la emergencia, que no cumplen lo solicitado.
Los productos entregados no tenían la calidad asegurada por los proveedores según una revisión de Salud Ocupacional.
Las compras bajo estudio son:
- MR Comunicaciones Políticas: 570.000 mascarillas N95 valoradas en $1,3 millones. Según la revisión “el producto entregado por el proveedor no cumple, ni es el mismo que se pidió, ni técnica ni administrativamente”.
- Bioplus Care: 300.000 mascarillas N95 valorados en $1,1 millones. “No son concordantes al producto adquirido y a su vez que el porcentaje de eficacia de filtración de partículas sea el requerido para la protección contra gotas y aerosoles respiratorios”, indicó la CCSS.
La Gerencia de la CCSS adelantó que comenzará un proceso administrativo contra los proveedores para cobrar los daños.
OBSERVE MÁS Escándalo por mascarillas: Auditoría de CCSS no descarta vínculo de funcionarios de mayor rango
“Ante el desbalance entre la oferta y la demanda, resulta imperiosa la necesidad de ser cada vez más exhaustivos en la valoración técnica de los diferentes equipos de protección personal”, dijo la institución.
Para evitar un faltante, además, la Contraloría autorizó la compra directa de 12.000 mascarillas más.
Además, los hospitales México, Calderón Guardia, San Juan de Dios, Alajuela y Heredia podrán realizar compras locales.
También se investigan funcionarios
Las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas también generaron cuestionamientos a personal de la CCSS.
El grente de logística, Luis Fernando Porras, fue separado de su cargo para realizar las investigaciones.
La misma medida se aplicó a dos asesores de apellidos Díaz y Vindas.
Desde la semana anterior también están separados el director de aprovisionamiento y el jefe de adquisiciones.
Ólger Sánchez, auditor de la CCSS, dijo este jueves ante la Asamblea Legislativa que el caso sigue abierto y no se descarta la vinculación de funcionarios de mayor rango.