Christine Jenkins Tanzi
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), planteó el uso de ¢85.000 millones de recursos del Banco Popular y del Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (Fodesaf) para fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ante la crisis de COVID-19.
Carrillo recomendó aprobar dos proyectos de ley ya presentados, que trasladarían alrededor de ¢25.000 millones del pago de planillas para capitalizar al Banco Popular, junto con otros ¢60.000 millones que se reducirían del fondo de subsidios para viviendas.
Estos dos proyectos acogen las recomendaciones de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales del 2017 para la sostenibilidad del seguro de pensiones, según comentó durante una sesión en la Asamblea Legislativa este miércoles.
Este miércoles, la comisión del Congreso que investiga las finanzas de la CCSS recibió en audiencia al Director de Pensiones y al Gerente Financiero de la entidad.
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Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, dijo que este año el fondo del IVM podría enfrentar una falta de liquidez para concretar el pago de los aguinaldos de las pensiones.
“Para poder nosotros completar el pago de las pensiones en el 2020, vamos a tener que usar todas las cotizaciones que nos entren más los intereses de la reserva, que en este caso con las proyecciones que tenemos al día de hoy pueden rondar los ¢200.000 millones”, explicó Barrantes en la audiencia.
Dos proyectos
Los funcionarios promueven la aprobación de un proyecto que destinaría a la CCSS la cuota patronal del 0,25% de todos los salarios que actualmente se transfieren al Banco Popular, lo cual representa cerca de ¢25.000 millones por año.
Además los jerarcas mencionaron una iniciativa de Pedro Muñoz y María Inés Solís presentada en setiembre 2019, que rebajarían el monto asignado para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) para trasladarlos al IVM (expediente No. 21603). Este establece una transferencia anual por ¢60.000 millones, ajustados por inflación, como recomendó la mesa de diálogo.
“La pregunta es, ¿cuánto beneficia estos proyecto a la Caja y al IVM en especifico? ¡Muchísimo!”, consideró Carrillo.
“Nosotros proyectamos que este año completo por el efecto COVID estaríamos utilizando de los intereses ¢180.000 millones, o sea que prácticamente con esos recursos estaríamos cubriendo lo que hemos dejado de percibir hasta hoy del COVID, y una vez pasando COVID eso nos ayudaría a darle más solvencia y sostenibilidad al régimen”, agregó.
Estos cambios, junto con eliminar las alternativas de retiro anticipado, permitiría llegar al 2058 con sostenibilidad y solvencia, según Carrillo.
Christine Jenkins Tanzi
