Tomás Gómez
Los equipos electrónicos decomisados en el histórico allanamiento en Casa Presidencial por el caso UPAD comenzarán a ser analizados a partir de este lunes en la vía judicial.
La lista incluye teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento que tenía el presidente Carlos Alvarado, figura de más alto nivel dentro del escándalo.
Por incluir a personajes de alto perfil el caso está en manos de la Sala III, que arrancó el proceso a las 9:30 am. Se agendaron en total dos semanas para el trámite.
Presidente reclama violación del proceso
Ante el avance del caso, tanto el presidente Alvarado como su defensa se han quejado de un supuesto mal actuar de la Fiscalía.
Según dijo el abogado Rodolfo Brenes a Noticias Columbia, de previo a una audiencia ante la Sala III por el caso UPAD, ya el Ministerio Público había entrado a conocer evidencia.
Este lunes, el mandatario Alvarado explicó que se habrían revisado correos electrónicos y que no se informó a tiempo.
“No nos parece con el debido proceso, pero esos son temas que los lleva la defensa”, dijo.
“Yo en este momento estoy concentrado en que saquemos el país adelante”, concluyó.
La UPAD y el Gobierno contra las cuerdas
El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) está cercano a cumplir un año en medio investigaciones judiciales y políticas.
Fue el 21 de febrero cuando estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad, que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo, que incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el Tribunal Supremo de Elecciones o la SUGEF.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas, el asesor legal del decreto, Luis Salazar y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, que manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolla en paralelo su propia investigación por el caso UPAD. En ella, sin embargo, la mayoría de comparecientes se han amparado a la investigación de la Fiscalía para no hablar.
A las puertas de una moción de censura por el escándalo UPAD, el entonces Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, debió renunciar a su cargo (Tomás Gómez/El Observador)
