Paula Ruiz
La inclusión o no de las universidades públicas dentro del ámbito de aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, obstruye el avance del proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa.
En dos días de discusión de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración, que implica casi siete horas de trabajo, solo se han sometido a votación 48 de las 474 mociones que tiene presentadas.
La diputada oficialista, Paola Vega y José María del Frente Amplio, son quienes emplean más tiempo en la defensa de la exclusión de las universidades estatales de este régimen.
Los congresistas utilizan todo el tiempo que les otorga el Reglamento de la Asamblea Legislativa para defender sus propuestas. Durante este miércoles anterior, se sumó el oficialista, Welmer Ramos, quien tiene aspiraciones presidenciales.
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Este es el proyecto de ley más importante en cuanto a reducción del gasto público presentado por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El interés del Ejecutivo es mostrarle al organismo multilateral que el país está comprometido en hacer recortes al gasto. Esto con tal de que el FMI le preste a Costa Rica $1.750 millones.
Este plan contempla regulaciones para el salario global y convenciones colectivas de los servidores públicos, entre otros puntos.
Persuadir para avanzar
Para este jueves, las expectativas están puestas en avanzar hasta la moción 80 como mínimo, según Víctor Morales, diputado oficialista y presidente de la Comisión Legislativa.
Ante esto, Morales planea sacar la carta de persuasión con tal de que los diputados utilicen “el tiempo de la manera más racional posible”.
“Tenemos que cerrar esta primera semana y mañana (este jueves) al final de la sesión tenemos que hacer balance de que podamos tener una tramitación más ágil la próxima semana”, agregó.
Morales afirmó que tenía presupuestado concluir la votación de mociones al término de dos semanas.
“Pero a este ritmo nos llevamos tres (semanas), hay que seguir empujando esta carreta”, recalcó.
Horas antes de las declaraciones del diputado del PAC, un grupo de universitarios se manifestó por segunda ocasión en contra del plan de Empleo Público.
Las universidades públicas, lideradas por sus rectores, luchan para ser excluidos de esta legislación.
“La mayoría de diputados mantuvo un texto inconstitucional y violatoria de la autonomía, que habilita a un ente político como Ministerio de Planificación y Servicio Civil a intervenir en materia de personal, de empleo en universidades”, reclamó Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Arias incluso, se subió a la tarima a alentar a la comunidad para continuar con esta lucha.
La comunidad universitaria se manifestó en las afueras del Congreso este miércoles. Se oponen a la inclusión de universidades públicas en plan de Empleo Público. Foto: Alonso Solano.
Crispación rojiamarilla
La discusión por este tema de universidades públicas llega a tal punto que deja ver la crispación entre la bancada oficialista y el Poder Ejecutivo que impulsa la iniciativa.
De hecho, el martes, los diputados del partido de Gobierno, Paola Vega y Víctor Morales, discutieron sus posiciones sobre este proyecto, en específico por la inclusión de las universidades públicas.
“Yo respeto su posición como compañero de fracción pero, su posición no es la posición de la mayoría de la fracción del Partido Acción Ciudadana”, dijo Morales. Este legislador es del criterio de incluir en el proyecto a las universidades públicas.
“Le pediría no hablar de una mayoría de fracción si el tema no ha sido sujeto de votación, podría sorprenderse en el camino de que hay más diputados con la misma tesis de esta diputada”, respondió Vega.
En esta lucha interna, el presidente Carlos Alvarado respalda la posición de Morales al considerar que representa el espíritu que se persigue desde Casa Presidencial.
¿Y si se cae?
Cuando el Congreso apruebe en primer debate la iniciativa, aún faltaría el filtro de la Sala Constitucional.
Hay un grupo de diputados interesados en enviar una consulta facultativa a los magistrados con tal de blindar el plan. Para esta etapa se requieren mínimo 10 firmas de congresistas.
Allí, la Sala puede indicar que el proyecto es inconstitucional y por tanto, conlleva a la corrección de los señalamientos.
Esto podría implicar que, al realizar las modificaciones, el rendimiento esperado disminuya, señaló Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
“De ser así y si hay que hacerle cambios y el impacto esperado en la ley disminuye, habría que plantear una reforma adicional que compense esos ajustes”, señaló.
Eso también pasaría si alguna de las otras siete iniciativas de ley ligadas al acuerdo con el FMI llega a ser rechazada en el Congreso.
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“Si se cae alguna pieza habría que reemplazarla y que cumpla con el rendimiento esperado”, agregó Cubero.
Todas las iniciativas de ley tendrían que estar aprobadas a más tardar en junio y el posible trámite de Empleo Público ante la Sala implica al menos un mes para obtener respuesta.
