Paula Ruiz
El Ministerio de Hacienda rechazó una petición realizada por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción (CNP) para excluírsele de la aplicación de la regla fiscal en su presupuesto.
Ante ello, la salida de la institución es que se le aplique una cláusula de escape de su cumplimiento. Esto debido al incremento de gastos con el fin de atender la pandemia por covid-19.
En el acuerdo de Junta Directiva de CNP se acordó solicitar a Elian Villegas, ministro de Hacienda, dicha exclusión al aducir una reducción presupuestaria.
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“Si bien este Ministerio conoce la función relevante del CNP, en la provisión de alimentos a instituciones de este país y producción de alcohol, no es posible atender la solicitud de exceptuar a la entidad del límite de gasto efectivo establecido por la regla fiscal”, indicó Villegas en la misiva.
La respuesta se envió el martes 3 de agosto a Isabel Quirós, gerente general del Consejo Nacional de Producción.
Las excepciones
Con respecto a las excepciones, el ministro recordó las condiciones establecidas en el artículo 6 inciso B) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el cual estableció la regla fiscal.
Ese inciso indica que podrá excluirse de la aplicación:
“Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%)”.
Villegas reconoció que el CNP presentó una certificación realizada por una auditoría contratada en la que se señala que en el caso de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), muestra un endeudamiento de 158,89%.
Sin embargo, la certificación indica que Fanal registra arreglos de pago relacionados con impuestos de períodos anteriores como pasivos. Por ello, el coeficiente de deuda ajustado sería de 23,80%.
“Consultado el seguimiento que realiza esta Dirección en materia contable, determina que el Consejo tiene un rezago importante en el cumplimiento de la normativa y requerimientos solicitados, por lo que la información contable utilizada, es necesario que sea auditada, con el fin de garantizar la información utilizada en la certificación”, respondió Villegas.
En esta misma línea, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), solicitó criterio a la Comisión para Promover la Competencia.
“El interés es conocer si la normativa vigente y los argumentos del Consejo permiten establecer técnicamente que algunas actividades indicadas se encuentran incluidas en el régimen de competencia abierta”, detalla la respuesta de Villegas a Quirós.
Ahora, el CNP busca una cláusula de escape de la regla fiscal a través del decreto de declaratoria de emergencia nacional provocada por el covid-19. Esto llevó a Fanal a producir más alcohol y al PAI a buscar más proveedores de alimentos.
Escape con CNE
Un día después de recibida la respuesta de Villegas, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acordó recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación de la cláusula de escape de la regla fiscal para el CNP.
El fundamento se basa en la declaratoria de emergencia vigente provocada por el covid-19. Esto ha llevado al CNP a un incremento en obtención de materia prima para atender la pandemia.
En específico, la Fanal incrementó la producción de alcohol, así como el aumento de proveedores para el Programa de Alimento Institucional (PAI).
De esta fora, el Consejo pudo apoyar a la CNE en la atención de la emergencia.
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La CNE especifica que la aplicación de la cláusula de escape sea por ¢42.848 millones para el ejercicio presupuestario 2021.
El monto es igual al presupuesto extraordinario que tramita el CNP, según confirmó la institución a este medio.
El sindicato de trabajadores del CNP aseguró que producto de aplicar la regla fiscal hubo una disminución presupuestaria de ¢35.000 millones.
Por su parte, la Fanal tuvo una reducción de ¢6.200 millones. La CNE realizó la recomendación después de la solicitud realizada por el CNP.
¿Cierre técnico?
En la sesión de Junta Directiva del Consejo realizada el 14 de julio, José Amílcar Ángulo, subgerente General, reconoció que esta acción ante la CNE “es la última acción que se está haciendo”.
Al adherirse al decreto de emergencia buscan seguir operando. De lo contrario habría una afectación a 350 agroempresas, pymes, empresas a nivel nacional; así como rescisión de contratos con instituciones públicas.
También señaló el desabastecimiento de alimentos y alcohol en instituciones, adopción del gasto corriente de 450 funcionarios por parte de Gobierno Central y la no captación de transferencia tributarias del Estado por un monto de ¢17.000 millones para programas sociales, detalló el jerarca.
“Y por supuesto lo anterior, tiene un macro problema que conduciría el cierre técnico del Consejo Nacional de Producción”, expuso.
Sumado a él, Quirós detalló que en caso de no aprobar esa cláusula de escape para el 2021, conllevaría al cierre técnico de la institución.
“Ya no se tendría capacidad para seguir comprando y colocando en las instituciones públicas, ni comprando alcohol tampoco, ahí es donde se habla de un cierre técnico”, afirmó Quirós.
Los legisladores Shirley Díaz (PUSC) y Wálter Muñoz (PIN) confirmaron haber asistido a una reunión la semana pasada, organizada por el sindicato del CNP, que advirtió de la situación.
Muñoz indicó que buscaría presentar un proyecto de ley para excluir al CNP de la aplicación de la regla fiscal.
“Voy a plantear un proyecto para sacar al CNP de la regla fiscal y que se considere como un bien del Estado y no como empresa privada”, reconoció.
A criterio del legislador, el Gobierno ha buscado debilitar al CNP para llevarlo a su cierre.
El diputado Wálter Muñoz (primero de izquierda a derecha) estaría valorando presentar el proyecto de ley. Cortesía Asamblea Legislativa.
