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Colapso ante restricción vehicular: 5.000 correos sin revisar y cinco semanas para devolver placas

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Tiempo de Lectura: 4 minutosDurante la pandemia, se ha registrado un total de 27.833 partes por incumplir la restricción vehicular sanitaria, lo cual ha generado un atraso para la devolución de placas hasta llegar a un promedio de cinco semanas de espera, en San José.

Además, se acumulan 5.000 correos sin respuesta sobre las impugnaciones de las multas. Mientras, las audiencias para los procesos de reclamo que lo requieran se programarían hasta el 2021.

Del total de partes, se han cancelado más de 11.200 boletas, 7.539 se encuentran impugnadas, 8.341 boletas en estado condenadas y 339 en estado pendiente. Hasta el 4 de setiembre, se habían recaudado ¢1.092 millones entre las boletas hechas por la Dirección General de la Policía de Tránsito y las municipales.

Las cifras fueron reveladas por Edwin Herrera, director ejecutivo de Cosevi, en la respuesta este 11 de setiembre al diputado Pablo Heriberto Abarca con número de oficio DE-2020-4396. Herrera dijo que se había atrasado en responder porque el correo del 18 de agosto de la consulta del diputado ingresó en la mensajería ‘spam’, lo que llamó “un asunto fuera de nuestro control”.

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Con la modificación a la Ley de Tránsito por la pandemia, la multa por incumplir la restricción implica un pago de ¢107.768, además del retiro de las placas y seis puntos en la licencia. Sin embargo, Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una iniciativa para reducir la multa a ¢23.000 sin que implique el retiro de placas y la pérdida de puntos en la licencia para conductores.

“Alrededor de cinco semanas sin placas, es una medida desproporcional y abusiva que afecta a todos los costarricenses que la ‘pulsean’ y que tienen que trabajar para llevar sustento a sus hogares”, señaló Abarca.

“En resumen, la restricción se ha convertido en una medida que no cumplió el objetivo por el cual se aumentaron las sanciones. Los contagios no disminuyeron y los costarricenses necesitan movilizarse para trabajar”, agregó.

Colapso en Cosevi

Debido a la restricción sanitaria, se han decomisado 22.959 placas, lo cual ha generado un colapso en el proceso para la devolución en Cosevi, según lo revelado por Herrera.

En las oficinas de San José y San Carlos tienen un tiempo de espera de alrededor de 28 y 16 días naturales respectivamente para las citas de devolución de placas. A esto se deben sumar los 2 a 5 días hábiles que normalmente se demora el sistema en registrar el caso antes de que la persona pueda solicitar la cita.

El diputado Abarca resaltó que con eso se están incumpliendo el plazo máximo de diez días hábiles para recuperación, según lo señalado por la Sala Constitucional.

Sin embargo, Herrera más bien destacó que antes el tiempo de espera para una cita antes era de más de 40 días en San José, por lo que se ha logrado una reducción del tiempo de espera.

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El director de Cosevi explicó que el proceso de la entrega de las placas es un trámite presencial, para el cual se debe respetar el aforo del 50% en la capacidad establecida para la atención al público. Por eso, Cosevi ordenó que la entrega de placas únicamente se haría mediante cita.

“Nos encontramos ante una situación de excepción originada en una emergencia sanitaria, donde las condiciones normales varían, debiendo atemperarse las necesidades individuales, con las posibilidades institucionales. (..) Hacen que nuestro criterio a lo actuado no sea desproporcionado ni excesivo, sino parte si se quiere, de las cuotas de sacrificio asociadas a la situación imperante”, dijo en la carta.

“Esta Dirección Ejecutiva le extiende las más sinceras disculpas en cuanto al atraso en la contestación al oficio N° PHAM-689-2020 fechado 18 de agosto del 2020, suscrito por su estimable persona, la situación presentada se debió a un asunto fuera de nuestro control”, dijo Edwin Herrera, director Eeecutivo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en la carta.

Reclamos

La cantidad de impugnaciones genera no solo mayores gastos para el usuario sino para el mismo estado, que ha tenido que recurrir al pago de horas extra para poder resolverlas.

Aun así, se está tardando en promedio de 3 a 6 meses cuando no se requiere realizar audiencias, y más de 1 año en caso de realizarse una audiencia.

Desde marzo, debido a las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, se habilitaron correos electrónicos tanto para que cada oficina regional recibiera los recursos de impugnación.

En San José, este correo se encuentra con un atraso de tres meses y un aproximado de cinco mil correos por tramitar. Según Herrara, esto se debe a que es la oficina donde ingresa la mayor cantidad de recursos de impugnación tanto por la restricción vehicular sanitaria como de otro tipo de infracciones a la Ley de Tránsito.

Además de ese retraso, está frenado el proceso de audiencias que se estarían programando hasta enero del 2021, al continuar suspendidas hasta que las autoridades de Salud comuniquen lo contrario dentro de sus lineamientos.

Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC, consideró que la restricción vehicular se ha aplicado de forma severa. (Foto: Asamblea Legislativa.)

“Se debe acotar que dentro de los Recursos de impugnación interpuestos contra boletas de citación, se debe valorar la posibilidad de realizar audiencias, ya que los impugnantes presentan dentro de su escrito prueba que tenga que ser evacuada para otorgar el debido proceso y respetar el derecho de defensa, sin embargo, al día de hoy la realización de audiencias se encuentra suspendida”, explica el oficio de Cosevi.

“Se prevé reanudar las audiencias para el mes de enero del próximo año, en el entendido de continuar suspendidas hasta que las autoridades de Salud comuniquen dentro de sus lineamientos, lo contrario”, agregó.

Las demás oficinas regionales están al día en la tramitación de los recursos de impugnación que ingresan en sus correos. Pero, la resolución en esos mismos recursos tienen atrasas de hasta seis meses en algunas regionales y en otras un máximo de 15 días, dependiendo de la cantidad que ingresen en cada oficina. Esto sin contar con los recursos a los cuales se les requiera realizar audiencia.


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