Paula Ruiz
Un proyecto que busca ampliar la declaratoria de “ley seca” en un cantón cuando medie ,una emergencia nacional dictada por el Poder Ejecutivo, podría generar pérdidas de empleos y el fomento del comercio ilícito.
La iniciativa faculta a los Concejos municipales mediante mayoría, calificada a aplicar la restricción de venta de licor en cada cantón.
Sin embargo, la Cámara de Detallistas y Afines (Canacodea) y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham) advirtieron que aplicar dicha “ley seca” en el contexto actual de pandemia fomentará el comercio ilícito y, a la vez, pone en riesgo 8.000 empleos directos y 75.000 indirectos.
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Gerardo Lizano, director del Comité de Comercio Antiilícito de Amcham, señaló que además de la pérdida de empleos, se generan problemas de orden fiscal y de seguridad. Antes de la pandemia, el mercado ilícito rondaba el 24%, cuya repercusión económica asciende a $100 millones por pérdida fiscal de forma anual.
El sábado anterior, Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, instó a los Concejos Municipales a aplicar la Ley Seca, tomando en cuenta las denuncias por fiestas pese a las restricciones donde media el consumo de licor.
“En medio de una pandemia donde se saben los riesgos asociados, están los que entienden, los que no han entendido y los que no les importa, éstos (últimos) son el problema, porque al final van a buscar la bebida alcohólica de cualquier forma. Si el Ministro habla que cierran bares clandestinos, van a seguir apareciendo o ya existen y no van a obedecer una ‘ley seca'”, sostuvo Lizano.
El vocero de Amcham, abogó por datos por parte de las autoridades sanitarias, donde se pueda determinar cuántos casos positivos de COVID-19 están relacionados a fiestas.
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“No vamos a decir que no hay una relación, claro, pero de alguna forma hay que entender que no es la única razón”, indicó.
Golpe al formal
Olga Vargas, Directora Ejecutiva de la Cámara de Detallistas, mostró su preocupación por esta iniciativa de ley, tomando en cuenta que existen cerca de 8.000 licenciatarios en todo el país para el expendio de bebidas con contenido alcohólico.
Vargas subrayó que el proyecto, golpeará a aquellos comercios que se mantienen en la formalidad, quienes han buscado la forma de mantenerse a flote durante este período de crisis sanitaria.
“Este proyecto da la posibilidad de hacer cierres de negocios inclusive hasta por tiempo indefinido o lo que dure la emergencia, es preocupante por las implicaciones que tiene de cerrar negocios, para el propietario quien no tendría fuente de ingresos en una situación de este tipo y de desempleo porque si el negocio está cerrado va a tener que hacer suspensión de contratos y despedir a colaboradores lo cual viene a aumentar el porcentaje de desempleo”, declaró la jerarca de la Cámara.
El proyecto agrega lo siguiente al artículo 26 de la dicha ‘ley seca’:
“Para delimitar la acción de estas restricciones, que tendrán carácter de excepcionales y temporales, se deberán definir en el acuerdo respectivo los plazos, horarios, áreas geográficas, rutas o radio de acción, así como la indicación expresa de clase de licencias a las que aplica la restricción”.
La Directora Ejecutiva reconoció que, aunque si bien entienden la buena intención del Ministerio de Salud por controlar y mitigar la pandemia en el país, también se debe de encontrar un balance en el aspecto económico.
“Aunque nos preocupa, sí se ha insistido en mantener medidas de distanciamiento social, higiene, de estar limpiando estantería, cajas y este tipo de mobiliario y equipo y al final de cuentas, pensamos que el comercio no es el problema”, dijo Vargas.
Diputado rechaza argumentos
Gustavo Viales es el diputado proponente del proyecto de ley. A su criterio es desproporcionado el señalamiento del sector empresarial.
“Es desproprocionado porque no aplica ‘ley seca’ sino que es una competencia municipal, hoy pueden por acto cívico hacer ‘ley seca’, pensar que no lo pueden hacer por emergencia nacional es inaudito”, defendió.
Viales explicó que la iniciativa se trabajó con autoridades municipalidades. En la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se informó que solo se tiene conocimiento de que en Talamanca y Puriscal esté prohibida la venta de licores tras la petición del Ministro Soto. Aunque, en esta última, se espera un veto a la decisión del Concejo.
Mientras Viales socializa el texto con las bancadas, la independiente Zoila Rosa Volio, adelantó su posición.
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El caso de Panamá
Panamá se convirtió el primero en América Latina, en imponer una “ley seca”, como medida para frenar la propagación del virus.
El Ministerio de Seguridad de Panamá informó, en mayo anterior, que pese al toque de queda y retenes se detectaron personas consumiendo licor en vías públicas.
“La ley seca por promulgación en otros países no ha generado los resultados buscados, como a inicios de siglo pasado en Estados Unidos y, el más reciente en Panamá, a raíz de la emergencia de pandemia se declaró ‘ley seca’ y los efectos que se estaban buscando no se lograron, sino se fomentó la informalidad, contrabando y falsificación de productos”, apuntó el representante de Amcham.
“Panamá aplicó ‘ley seca’ y no obtuvieron resultados positivos, al final tuvo que retroceder porque no se vio como una alternatva que fuera a incidir en lo que era el control de la pandemia”, dijo Vargas.
La medida se levantó en el país, pese a las reiteradas advertencias del Ministerio de Salud panameño, sobre volver a su implementación en caso de que la población no colabore.
Ambos coinciden en la educación como clave para lograr un balance entre la atención sanitaria y la no afectación comercial.
