Tomás Gómez
El 2021 no hizo más que aumentar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y con ello el flujo de migrantes que buscar huir de ese país.
Desde el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) se estima que 110.000 nicaragüenses han debido huir. Estados Unidos y Costa Rica se presentan como sus principales destinos.
Para el caso norteamericano se registraron 50.722 intentos de ingreso, que corresponde a un incremento de 1500% en comparación con los datos del 2020. Las autoridades costarricenses, por su parte, sumaron más de 39.000 peticiones de refugio.
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El caso de Costa Rica genera alarma en la región pues los recursos del país no son tan amplios. Así figura en un monitoreo sobre la situación regional publicado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH pidió más solidaridad internacional y cumplir con las recomendaciones hechas previamente en el informe “Migración forzada de nicaragüenses a Costa Rica”. En él se destacan acciones de protección que tenía el país pero se fomentaba a buscar más cooperación para enfrentar la creciente demanda de ayuda.
A dos años de esa evaluación, la Comisión pidió nuevamente la asistencia entre estados.
“La CIDH insta a los Estados a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender los factores de desplazamiento, ampliar y mejorar los canales regulares de migración, garantizar el acceso a los territorios y procesos para brindar protección internacional, implementar acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas”, señaló.
Hasta huir de Nicaragua se torna complicado
El informe de la CIDH hace un llamado para que el régimen sandinista de Daniel Ortega cese la represión.
Según el análisis, muchas de las personas que huyen de Nicaragua han enfrentado amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del gobierno. En otros casos, muchas de ellas indicaron vivir en un clima de temor y zozobra por la constante presencia de agentes de la Policía Nacional en sus domicilios, actos de seguimiento y vigilancia, e inclusive la negativa para trasladarse a otros departamentos.
Entre los perfiles de los exiliados destacan: defensores de derechos humanos y periodistas; estudiantes que participaron en las movilizaciones de abril de 2018; representantes legales de personas privadas de la libertad; trabajadoras de la salud opositores a las políticas del gobierno; personas excarceladas bajo la ley de Amnistía en 2019; familiares de personas detenidas o asesinadas en el contexto de la crisis; y, en general, líderes y lideresas políticas y de movimientos sociales que fueron amenazadas ante la continuación de las detenciones arbitrarias en el país.
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Por otro lado, quienes son identificadas como opositoras que buscan salir del país. En algunos casos serían sometidas a interrogatorios en el aeropuerto por agentes de la Policía Nacional, así como revisiones de documentos personales, computadoras y teléfonos celulares. Según los testimonios recibidos, dichas acciones tendrían por finalidad evitar que las personas expongan internacionalmente la situación de los derechos humanos e incrementaría la movilidad de personas por lugares de cruce irregulares o “puntos ciegos”.
La situación de Nicaragua era compleja desde las protestas del 2018 y llegó a su climax con las elecciones de noviembre anterior, cuando de manera cuestionable Daniel Ortega y Rosario Murillo amarraron 5 años más de poder (AFP)
