Hermes Solano
El proyecto de ley para busca reformar la aplicación de la prisión preventiva sigue atrasado en la Asamblea Legislativa, a pesar de ser la propuesta número uno en la lista de prioridades que definieron los Supremos Poderes meses atrás.
El martes se le ‘quemó’ el segundo día de mociones vía artículo 137, como se conoce ese procedimiento legislativo, que debían verse este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Sin embargo, se aprobó una moción para posponer la discusión, ya que se quiere llegar a un consenso entre las diputaciones.
“La meta es reunirnos, analizar las diferentes mociones y tener el consenso correspondiente”, indicó el presidente del órgano legislativo, Gilberth Jiménez, quien considera que es importante dar ese paso.
En total se presentaron 23 mociones, del propio Jiménez, así como de Gilberto Campos y Kattia Cambronero del Liberal Progresista (PLP), además de Priscilla Vindas del Frente Amplio.
“La idea es no dilatar la discusión y así no atrasar los otros proyectos que tenemos en la agenda”, señaló el presidente de la comisión.
Este mismo jueves se reunirán los diputados con los asesores para encontrar ese consenso, de un proyecto solicitado por el OIJ y el Ministerio Público, pero que desde la Corte Suprema de Justicia consideran que sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
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Definiciones
El expediente 23.986 fue convocado la semana pasada a las sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo y, por eso, continuó con el trámite.
La mayoría de las mociones presentadas no cambian el fondo del proyecto, sino que se dedican a variar definiciones, establecerlas o eliminarlas.
Una de ellas es el de “comunidad”, ya que en el proyecto se pretende que una causal para imponer prisión preventiva es el peligro que represente el sujeto para la comunidad donde vive.
También se detallan definiciones de la Ley sobre Crimen Organizado.
Una vez definan la ruta a seguir con las 23 mociones, la comisión debe verlas y votarlas. Si no convocan a una sesión extraordinaria, se verán hasta el próximo jueves 27 de junio, la última sesión antes del receso por las vacaciones de medio año.
Los diputados tienen libre del 1 al 5 de julio y vuelven a labores el lunes 8.
Gilberth Jiménez es presidente de la Comisión. (Foto Archivo/El Observador)
Lo que dijo la Corte
En el análisis hecho por la magistrada Patricia Vargas, esta reforma podría generar una pena anticipada para el sospechoso del delito.
“La prisión preventiva o detención provisional no es (ni puede ser empleada) como una pena anticipada. Se trata, en realidad, de una medida cuyo propósito debe ser exclusivamente procesal”, indicó el informe.
A partir de los criterios de la Corte Interamericana, se plantea que:
- La prisión preventiva tiene que verse como medida cautelar y no una sanción anticipada
- Su aplicación debe ser excepcional
- Se puede aplicar si hay peligro de fuga y obstaculización
- La prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito
- A ello suman reservas sobre temas como la igualdad o la presunción de inocencia.
- Una de las preocupaciones centrales del Poder Judicial fue la eventual ampliación de la lista de delitos que pasarían por la privación temporal de libertad.
- Consideraron que se estaría generando una “prisión preventiva automática”, con altos impactos.
Esta situación no cayó muy bien en el presidente legislativo, Rodrigo Arias, quien considera que desde la Corte no han valorado la emergencia que está viviendo el país, con récord de homicidios, guerras de bandas y el narcotráfico apoderándose de cada rincón del país.
“Entiendo la opinión de la Corte, considero que es apegada a la legislación actual y con una visión muy jurídica del tema, pero no se está valorando el momento de emergencia que está viviendo Costa Rica”, mencionó Arias en su momento.
