Hermes Solano
La Comisión Investigadora de las contrataciones del Sinart y del contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) votó un informe de mayoría en el que señaló que desde Casa Presidencial se usó la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión para politizar la pauta.
Luego de nueve meses de sesiones y audiencias, los diputados del PLN, PUSC. Liberal Progresista y Frente Amplio presentaron un informe de 344 páginas (no tenía la firma de Johanna Obando del PLP), en el que piden a la Fiscalía tomar acciones e investigar los hechos.
El informe se votó con cuatro votos a favor de los diputados Vanessa Castro, Dinorah Barquero, Danny Vargas y Ariel Robles.
La oficialista Ada Acuña, miembro de la comisión, presentó un informe de minoría de 81 páginas, y Pablo Sibaja de Nueva República, anunció que entre martes y miércoles presentará uno propio.
Conclusiones
“Que la Agencia de Publicidad de Sinart fue utilizada con la finalidad de concentrar toda la pauta del Estado y que fuese politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la República”, dice una de las conclusiones del informe.
En principio habían determinado en las conclusiones que esas decisiones provenían de Casa Presidencial a través del Comité Editorial de Comunicación.
Ese comité estaba formado por el presidente Rodrigo Chaves; el hoy ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y la diputada Pilar Cisneros.
También formaron parte la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y Federico Cruz “Choreco”, quien era asesor.
Los diputados consideraron que las acciones llevadas a cabo desde Casa Presidencial “comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes” al Sinart.
Además, señalaron al productor audiovisual Christian Bulgarelli como el encargado de redactar los términos y condiciones del contrato que le otorgó el BCIE por más de $400.000.
“El presidente es el que se ha salido del closet de los corruptos”, dijo Ariel Robles en su análisis del informe.
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Peticiones a la Fiscalía
En el apartado de recomendaciones, los diputados le hacen 14 al Ministerio Público para que investigue a todos los actores, incluidos los altos jerarcas.
“Investigar conforme a las potestades que le confiere la ley, la contratación de la empresa RMC La Productora de Christian Bulgarelli por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual también fue adjudicatario, así como a los funcionarios públicos Natalia Díaz Quintana y Jorge Rodríguez Vives por presuntamente facilitar de manera dicha contratación”, dice el documento.
También solicita que investigue las actuaciones de “Choreco”, así como las contrataciones realizadas por Kolbi-ICE, la Junta de Protección Social y Acueductos y Alcantarillados.
Sobre el Comité Editorial, piden a la autoridad judicial se investigue a todos los integrantes, incluido el presidente Chaves, por el presunto delito de tráfico de influencias “en cuanto al manejo de los recursos del BCIE y la concentración de fondos del Sinart”.
Entre las recomendaciones a la fiscalía están el investigar a la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton por presunto perjurio y falso testimonio, considerando que hubo contradicciones sobre la contratación de la JPS con la agencia del Sinart.
Además, piden que se investigue a Britton “sobre el delito de tráfico de influencias para manipular criterios técnicos y priorizar la contratación del Sinart en la JPS”.
La Comisión votó el informe este lunes. (Hermes Solano/El Observador)
A Pilar Cisneros
Los diputados de la comisión también recomendaron al Ministerio Público investigar a la diputada jefa del oficialismo, Pilar Cisneros.
Esto por la “posible comisión del delito de divulgación de secretos” en perjuicio del Instituto Costarricense de Electricidad. La razón sería por difundir datos comerciales de la institución.
También hicieron una recomendación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que investigue la participación de Cisneros en el órgano consultor del Poder Ejecutivo.
El texto apunta que eso lesiona lo establecido en el artículo 111 de la Constitución Política, que indica: “ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas”.
