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Complejos para mujeres en cárceles de hombres están listas, pero no hay recursos para ponerlas a funcionar

En noviembre de 2019, Marcia González, entonces Ministra de Justicia, anunció la creación y construcción de complejos penitenciarios para mujeres…

Por Hermes Solano

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Complejos para mujeres en cárceles de hombres están listas, pero no hay recursos para ponerlas a funcionar
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En noviembre de 2019, Marcia González, entonces Ministra de Justicia, anunció la creación y construcción de complejos penitenciarios para mujeres dentro de las cárceles de hombres.

La idea surgió con la intención de regionalizar el programa institucional de la mujer y que quienes cayeran presas no tuvieran un desarraigo del lugar donde viven.

En diciembre de ese año se comenzó con la construcción de 2 complejos, uno en Pérez Zeledón y el otro en Pococí.

Ambos ya están terminados y se entregaron listos al Ministerio de Justicia y Paz, pero todavía no están en funcionamiento.

Hay otro, en Puntarenas, que se está construyendo.

La razón es la misma del por qué no están usando la nueva cárcel en Alajuela, el Complejo Terrazas: no hay dinero.

Así lo confirmó la actual jerarca, Fiorella Salazar.

“Para eso necesitamos de las platas que nos tienen que aprobar en la Asamblea Legislativa”, dijo la ministra.

Esta cartera está esperando que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto al Congreso para la aprobación de los recursos.

Ese dinero iría para la contratación de personal policial para el nuevo centro penitenciario y para los complejos femeninos.

Eso quiere decir que todavía no hay una fecha para ponerlos en funcionamiento.

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Programa de regionalización

El Complejo Terrazas se ideó en principio como una cárcel de mujeres y de esa forma “aliviar” el espacio en el Vilma Curling, anteriormente conocido como el Buen Pastor.

Sin embargo, se pensó en la construcción de los complejos en las cárceles de hombres con 3 objetivos claves.

Uno de ellos que las mujeres que perdieron su libertad y que son de zonas alejadas al Gran Área Metropolitana puedan cumplir su condena cerca de sus familias.

“Eso haría que se bajen los niveles de estrés que las lleva a consumir drogas, no se desarraigan del lugar donde viven y se potencian los procesos de reinserción a la sociedad”, había dicho en aquel momento Marcia González.

Cada complejo estaba presupuestado con un costo de entre 600 y 700 millones de colones.