Paula Ruiz
Obtuvo los votos necesarios para su aprobación en segundo debate, en forma ajustada, pero los reclamos hacia el Gobierno fueron recurrentes entre los congresistas que expusieron sus posiciones en Plenario.
Con 40 votos a favor y 14 en contra, la Asamblea Legislativa le autorizó al Poder Ejecutivo un préstamo por $505 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que representa una llave para nuevos préstamos con este multilateral.
Los reclamos de quienes votaron a favor y en contra del empréstito fueron inmediatas. El primero en hacerlo fue Pedro Muñoz, diputado socialcristiano quien anunció su oposición, basado en la falta de transparencia del Gobierno por las negociaciones con el FMI de cara a los nuevos préstamos.
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“No puedo votar este empréstito con las dudas que tengo sobre voluntad del Ejecutivo para crear empleo, bajar el costo de la vida, mejorar productividad y competitividad y cuando lo que tengo son indicios de más impuestos”, señaló el congresista del PUSC.
Este crédito ha sido puesto como clave para un acuerdo Stand-By que es un financiamiento adicional, cuyo total es de $2.250 millones.
Otros legisladores que alegaron la falta de transparencia del Ejecutivo sobre la negociación con el FMI para el Stand-By, fueron José María Villalta del Frente Amplio, Franggi Nicolás del PLN y Pablo Heriberto Abarca del PUSC.
Las negociaciones están listas para iniciar en setiembre sin que nadie en el primer poder de la República tenga conocimiento. Parece el secreto mejor guardado de Zapote que no gusta en Cuesta de Moras.
En contraparte, la liberacionista Paola Valladares emitió su voto a favor aunque aseguró que lo hacía “con el dolor de mi alma”.
Valladares abogó porque este crédito para garantizar salarios en sector público, el no disparo del dólar y mejores condiciones para costarricenses.
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“No contarán más conmigo”
Ana Lucía Delgado, es una de las liberacionistas que integra la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analizó en primera instancia este préstamo.
Allí fue donde se definió que un 10% del empréstito iban dirigidos hacia el pago de la deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el 90% restante para rubros de gastos ya autorizados en el presupuesto ordinario para el 2020.
“Al utilizar los recursos para disminuir el monto de la deuda interna, el Poder Ejecutivo deberá disminuir el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizado en el presupuesto de la República para el año correspondiente”, señala lo aprobado.
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La verdiblanca advirtió que el único motivo por el que está a favor del préstamo es porque se permite cambiar deuda cara por barata, al pasar de intereses por hasta 9% a 1,55%.
“Solo por eso votaré a favor del proyecto, porque no seré parte de las gravísimas consecuencias que tendrá Costa Rica (…) y me garanticé que no fuera un cheque en blanco”, dijo.
Aunque su advertencia fue clara: “si el Gobierno no entrega con transparencia la ruta de reactivación económica y un plan de consolidación fiscal, si no escucha a los sectores, no podrán contar más con esta diputada”.
El también liberacionista Roberto Thompson fue claro en que no contarán con él para nuevos préstamos de apoyo presupuestario mientras no haya un plan de reactivación económica y de generación de empleo.
Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, señaló que el ahorro con el cambio de deuda implicará ahorro de $100 millones en cuatro años.
La independiente Ivonne Acuña, criticó al Partido Acción Ciudadana (PAC) por escudarse en la pandemia por el problema de finanzas públicas que ellos mismos agravaron tanto en la administración Solís Rivera como su oposición cuando en el Gobierno de Laura Chichilla se opusieron rotundamente a la reforma fiscal.
Aunque votó a favor, advirtió que tampoco contarán con ella hasta tanto no haya transparencia por parte del Gobierno.
Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC, abogó porque con este préstamo se estabilizarán las finanzas públicas “para que el Estado siga apoyando a las poblaciones más vulnerables”.
El plazo del crédito es por cinco años y con tres años de gracia, mientras que el desembolso es un tracto y de forma inmediata.
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