Tomás Gómez
Mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, convalecía de una operación de apendicitis, el Gobierno decidió ignorar sus recomendaciones y liberar a las municipalidades de la regla fiscal.
El portillo fue abierto por los diputados el martes pasado tras la aprobación del proyecto en segundo debate pero aún requería de la firma de Casa Presidencial para quedar en firme. En ese escenario, tanto Chaves como los sectores productivos pidieron vetar la iniciativa, señalando factores técnicos y críticas adelantadas por entes como la Contraloría General de la República y el Banco Central, determinación que no fue acatada.
En horas de la noche y con una escueta publicación en redes sociales, Casa Presidencial anunció el respaldo a la iniciativa, lo que motivó la celebración de sectores como las alcaldías y los sindicatos.
Esa división de bandos, a criterio de expertos y políticos, ilustra el trasfondo de que tuvo la decisión.
Escoger las peleas
Para el experto en comunicación política Gustavo Araya la firma de la ley fue una elección entre conflictos.
“El presidente mandó un mensaje y es con quién no quiere tener desencuentros”, señlaó. “El mensaje del presidente es de no enemistarse con 82 municipalidades ni con 43 diputados”, agregó.
Desde su óptica, el tema es también un reflejo de la pluralidad que existe en el gabinete y de la libertad para opinar que se le ha dado a algunos jerarcas, que muchas veces se separan de la línea de Casa Presidencial.
Con el ministro Chaves ya pasó hace pocas semanas cuando este mencionó la posibilidad de un impuesto a los salarios, lo cual fue desmentido a las pocas horas por Zapote, pero también ha ocurrido con otros jerarcas como el de Agricultura, Renato Alvarado, o la de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, quienes también han sido críticos de las políticas gubernamentales en otros momentos.
“El ministro sigue siendo un subalterno al presidente y ese es el mensaje que el presidente está dando. Lo que opine un subalterno, el Banco Central o la Contraloría, son consideraciones que hay que tener pero la posición política sobre la técnica es la que finalmente prevalece, ese el mensaje”, analizó Araya.
En esa perspectiva, agregó, los jerarcas quedarán siempre con la opción de plegarse a la decisión final del presidente o retirarse.
¿A quién escucha el presidente?
La decisión de impulsar la ley recibió críticas desde el Congreso donde un grupo minoritario de diputados había tomado distancia del proyecto argumentando la sostenibilidad fiscal.
Tras conocerse la firma, la legisladora liberacionista Yorleny León fustigó la separación de los criterios técnicos hecha por el presidente Alvarado y adelantó que las consecuencias podrían ser graves.
“El “compromiso con la estabilidad fiscal” que dice tener el presidente, claramente es solo una muletilla para adornar sus discursos, porque sus acciones distan mucho de ese objetivo”, manifestó.
Sus palabras fueron compartidas por el socialcristiano Pedro Muñoz quien criticó la separación de las recomendaciones de los expertos y recordó que en caso de quiebra las municipalidades terminarían por recurrir al propio Estado.
“¡Qué Dios nos agarre confesados!”, ironizó.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, defendió la decisión insistiendo en que el proyecto tuvo “apoyo significativo” por parte de los diputados y
“Esta ley no genera ninguna carga adicional para el déficit fiscal del Gobierno central y permite un funcionamiento flexible, adecuado y oportuno de las 82 municipalidades”, concluyó.
