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Congreso aprueba en segundo debate transferencia de ¢75 mil millones del INS para atender emergencia por COVID-19

En una sesión atípica de sábado y con la presencia de 49 legisladores, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate…

Por Paula Umaña

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Congreso aprueba en segundo debate transferencia de ¢75 mil millones del INS para atender emergencia por COVID-19
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En una sesión atípica de sábado y con la presencia de 49 legisladores, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 21.908, que traslada ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) al Poder Ejecutivo para la atención de la pandemia por coronavirus.

Esta mañana, el proyecto recibió los 49 votos presentes a favor, luego de una sesión de discusión en el Congreso que inició a eso de las 9:00 a.m. y finalizó poco antes de las 10:00 a.m.

La iniciativa fue aprobada con una moción de texto sustitutivo, que especifica que el monto que será trasladado se utilizará de manera exclusiva para las personas afectadas económicamente por la emergencia.

Jonathan Prendas, diputado independiente, explicó que el dinero será para completar los subsidios del Bono Proteger, que son dirigidos a las personas quienes han sido despedidas o han visto reducidas sus jornadas en los últimos dos meses.

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Varios diputados aseguraron que si bien estos subsidios son necesarios en el contexto generado por COVID-19, el asistencialismo no es la solución para la situación económica del país y se deben priorizar las medidas para reactivar la economía y generar empleos.

“Ese monto será girado por el Instituto Nacional de Seguros, en el primer mes, contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley y no podrá ser usado para efectos de reducir el pago futuro de impuestos de parte del Instituto Nacional de Seguros”, dicta el proyecto aprobado.

Durante los períodos fiscales de los años 2020, 2021, 2022, el INS queda autorizado a capitalizar los dineros correspondientes a la reserva de reparto dispuesta por el artículo 205 del Código de Trabajo, en caso de que existiera utilidad en el Régimen de Riesgos del Trabajo.

Esta medida permite al Instituto poder recuperarse tras el desembolso. La moción no fue contemplada por el Poder Ejecutivo en el proyecto original.

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), había defendido que la capitalización de los recursos se da pues se “contempla que ante escenarios adversos se puedan tomar otras medidas sin hacer una modificación permanente”.

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