Paula Ruiz
Esta tarde, el Congreso aprobó en primer debate el presupuesto extraordinario de la República solicitado por el Poder Ejecutivo.
Este presupuesto adicional contiene los dineros para el Bono Proteger por ¢75.000 millones.
Los únicos votos en contra fueron de los independientes Erick Rodríguez e Ignacio Alpízar, mientras Dragos Dolanescu no emitió su voto, lo que conllevó a Eduardo Cruickshank, presidente legislativo, a aplicar el artículo 105 del Reglamento Legislativo.
El proyecto de presupuesto conllevó incluso a una manifestación este jueves de alcaldes, quienes se oponían a los recortes allí establecidos para la atención de la red vial cantonal y para asociaciones comunales.
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Sin embargo tras intensas negociaciones y pleitos desde este miércoles, los diputados acordaron devolver ¢24.300 millones a este sector, así como para vivienda.
“Estas partidas permitirán que más de 5.000 familias puedan gozar de un techo digno, permitirá más de 18.000 empleos ligados a la construcción de esas viviendas y les permitirá a las 82 municipalidades gozar de más recursos para invertir en nuestros caminos cantonales”, dijo Franggi Nicolás, legisladora verdiblanca.
Rebajo erosionado
El Gobierno aseguró que este presupuesto extraordinario contenía recorte al gasto público por ¢328.000 millones, sin embargo la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que es de ¢195.000 millones.
No obstante, tomando en cuenta la “devolución” realizada a las municipalidades y sector vivienda, el presupuesto se vio aún más erosionado.
Por otra parte, los congresistas aprobaron una modificación para obligar a las instituciones a subejecutar al menos un 10% de su presupuesto disponible en el 2020.
También obligan a una rendición de cuentas a las transferencias otorgadas al Minsiterio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Con respecto de las plazas vacantes en el sector público para este segundo período, el Congreso obligó a las instituciones a eliminarlas.
Según la legisladora Laura Guido la reasignación de los recursos no implicará un aumento en el gasto.
El segundo debate fue establecido para el próximo martes. Después de ese momento el Ejecutivo debe de culminar el trámite para poder utilizar los recursos.
Tras culminar la votación, las socialcristianas María Inés Solís y Shirley Díaz, así como la liberacionista Yorleny León y los independientes Dragos Dolanescu y Nidia Céspedes, reclamaron fuertemente a Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso, por no haberle permitido a León y Dolanescu a hacer uso de la palabra por el fondo para referirse al presupuesto en discusión.
El jerarca defendió que ninguno de los dos tocó el botón correspondiente para anotarse y por lo tanto, dio por suficientemente discutido el proyecto.
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