Manuel Sancho
El Departamento Legal de la Asamblea Legislativa abrió una investigación sobre el estado financiero, el manejo de fondos de cesantía y la opacidad en la información, de parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados (Coopeasamblea).
La pesquisa administrativa se suma a una denuncia penal por un supuesto desfalco de más de ¢1.000 millones, que se conoció esta semana, y a un análisis del Departamento Financiero de la auditoría más reciente de la entidad.
Si bien la Cooperativa es una organización privada, desde mayo de 1999 comenzó a administrar los recursos de cesantía de los cientos de funcionarios, recursos públicos; labor que el Congreso está obligado a vigilar y de la cual no se puede desligar.
Además, la más reciente asamblea de asociados, realizada 21 de febrero, generó tensiones entre miembros por el manejo de los recursos y la verdadera liquidez de la Cooperativa, así como por su capacidad de recuperar fondos dados en préstamo.
Antonio Ayales, director Ejecutivo del Congreso, confirmó a El Observador que tras conocer recientes dudas, el mes pasado, trasladó el caso al Departamento Legal para una investigación preliminar. El envío se hizo luego de años de falta de respuesta por parte de Coopeasamblea, según Ayales.
“Don Pedro (Solano) es el superior jerárquico del Departamento Financiero, él hizo el análisis y me solicita que él quiere una investigación, me la pide a mí, y yo se la pido al Departamento Legal”, detalló Ayales.
Según el funcionario, no conocía de algún problema financiero, hasta que escuchó cuestionamientos de asociados contra el Consejo de Administración de la Cooperativa, presidido por Rodolfo Camacho Solano. A pesar de que la entidad maneja fondos de cesantía de los funcionarios públicos, dijo que no debe preocuparse por la disputa, hasta que haya resultados de la investigación.
Eso sí, afirmó que desde el 2018, el Departamento Financiero del Congreso le pidió información a la Cooperativa, y esta lo negó. Lo mismo sucedió el año pasado y de nuevo en el 2020. “Sí me parece tardía (la respuesta), pero eso es lo que va a investigar el Departamento Legal”, adujo Ayales.
El pasado 10 de marzo, el Diario Extra publicó que funcionarios de la Asamblea denunciaron ante el Ministerio Público un aparente desfalco por ¢1.800 millones en Coopeasamblea, que afectaría a más de 700 trabajadores. Dos funcionarios, con el respaldo de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, reclamaron un presunto manejo anómalo con los fondos de cesantía en préstamos sin control.
Dudas con informes y deuda a Fondo de Cesantía
Desde el 13 de febrero del 2020, luego de analizar los estados financieros auditados de Coopeasamblea del año pasado, y por dudas que tenía, la Dirección Financiera del Congreso hizo un “requerimiento de información” a la Cooperativa. La aclaración no llegó.
El 20 de febrero pasado, por medio del oficio AL-DFIN-OFI-0101-2020 – del cual este medio tiene copia – el director Financiero de la Asamblea, Mario Delgado, comunicó al director de la División Administrativa, Pedro Solano, los hallazgos e interrogantes sobre los estados:
- existe una cuenta por cobrar de más de ¢100 millones
- se incluye en el detalle de acreedores por adquisición de bienes y servicios una línea de “recurso cesantía” por más de ¢100 millones
Así confirmó que “Coopeasamblea le adeuda al Fondo de Administración del Recurso de Cesantía un monto de ¢100.055.514,93”.
Pero además hay dos cuentas que llamaron la atención al Financiero, en lo que consideró fue un intento de “conciliar” montos en los estados. Estas cuentas son:
- 1-2-205 Inversiones Transitorias por ¢603.358.716,93
- 1-2-207 Inversión RCS por ¢100 millones
Significan un total de más de ¢703 millones, que en las notas de los estados auditados “el auditor no presenta el detalle de dónde están invertidos las Inversiones Transitorias”. “Por lo tanto, está sumando las Inversiones Transitorias y la Inversión RCS, para conciliar con el monto presentado por el Auditor Externo”, alertó Delgado en su comunicación.
Pero ahí no quedaron las dudas. El informe también incluye una nota sobre las “obligaciones con el público” con una línea de “Ahorro Cesantía” por ¢603.358.717, misma cifra que la colocada en “Inversiones Transitorias”.
La conclusión de la administración del Congreso fue:
En la cuenta de Ahorro Cesantía por un monto de ¢603.358.717, concilia con el monto que presenta como Inversión Transitoria del Fondo de Administración del Recurso de Cesantía. Adicionalmente, no tenemos información de dónde están invertidos la Inversión RCS por un monto de ¢100.000.000.
Además, Delgado enfatizó en que los informes auditados revelan que se estaría incumpliendo la Ley 7391 de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas. Esta dice explícitamente en su artículo 23 ch), que para administrar fondos de cesantía, una cooperativa debe crear un fondo con estados contables separados.
Dichos recursos solo pueden invertirse en préstamos para los propios trabajadores asociados y títulos del sector público.
Más aún los propios estatutos de Coopeasamblea la obligan a financiar sus operaciones con capital social; recepción de ahorros y recursos de asociados; y recursos locales o internacionales; nunca menciona fondos de cesantía.
En el oficio AL-DFIN-OFI-0085-2020 del 13 de febrero – del cual El Observador tiene copia – Mario Delgado hizo la solicitud formal a Carlos Guzmán, gerente de Coopeasamblea. Sobre las cuentas explicadas anteriormente, el jefe Financiero le consultó:
- ¿cuál es la naturaleza de la cuenta por cobrar?
- la tasa de interés de los rendimientos
- dónde se colocaron los montos de “Inversiones Transitorias” y su justificación
- entidad dónde se colocó la “Inversión RCS” y su rendimiento
Presidente admite problemas de liquidez
Preguntado al respecto, el presidente de la Cooperativa, Rodolfo Camacho, aseguró que tras la petición del 13 de febrero, solicitaron espacio al Departamento Financiero, pues estaban en medio de una Asamblea General y se estaba consultando con su equipo legal y de auditoría.
“Desconozco si hubo respuesta de don Carlos (Guzmán, gerente)”, comentó Camacho este jueves 12 de febrero. Mencionó que aún no ha sido notificado por la investigación del Departamento Legal, pero prometió apertura de la información “siempre y cuando no se viole el secreto bancario”.
“Toda la información que nos han pedido, yo creo que se les ha contestado. Tendríamos que revisar”, dijo. Al pedirle reacción por los detalles alertados por el Departamento Financiero, Camacho prometió que aclararía todo en persona. La cita aún no se ha pactado.
El presidente de Coopeasamblea – quien también es jefe de Presupuesto del Congreso y parte del equipo fiscalizador del fideicomiso que construye el nuevo edificio – admitió que al cierre del año pasado tenían problemas de liquidez, y ahora la situación es “más compleja”.
Eso sí negó irregularidades y amenazó con denunciar al Diario Extra por la publicación sobre la denuncia penal.
Morosa con Infocoop
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no supervisa a Coopeasamblea. Bernardo Alfaro, superintendente, explicó que la entidad no cumple con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), por lo que su supervisión corre a cargo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Con el Infocoop, la Cooperativa tiene un préstamo por el cual adeuda un saldo de más de ¢351 millones, con dos cuotas de atraso, según confirmó el Instituto a este medio. Camacho dijo que están atendiendo la deuda.
Sobre la supervisión y una posible intervención, el Instituto se limitó a responder que “se está analizando la situación crediticia de la cooperativa y haciendo algunas recomendaciones técnicas”.
Manuel Sancho
