Paula Ruiz
El Plenario de la Asamblea Legislativa se acerca a una de las decisiones más importantes del actual período legislativo de cara a la votación del proyecto de Empleo Público.
De forma paralela, el Congreso cuenta hasta la fecha con seis diputaciones que tienen el mismo objetivo: convertirse en el próximo presidente de la República a partir del 2022.
Es por esta razón, que se les consultó cómo votarán este expediente que se convirtió en el principal proyecto para concretar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones.
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De hecho, si alguno de estos legisladores llega a Casa Presidencial, su administración se vería beneficiada con este crédito.
Lo anterior porque el organismo internacional giraría los fondos de manera mensual en tractos de aproximadamente $290 millones.
Si alguno de los aspirantes del PLN y PUSC, o la precandidata del PAC llegan a Casa Presidencial podrían beneficiar su gestión con el préstamo.
El voto
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC) tienen cada una, dos precandidaturas.
Se trata de los verdiblancos Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, los socialcristianos Erwen Masís y Pedro Muñoz, así como la rojiamarilla Carolina Hidalgo y su compañero de bancada Welmer Ramos.
La mayoría piensa emitir su voto favorable desde su curul, con excepción de Pedro Muñoz y Welmer Ramos.
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Dentro de los motivos del socialcristiano Muñoz se encuentran la exclusión de las instituciones en competencia dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público que se pretende.
Además, se opone a que la rectoría de este plan recaiga sobre el Ministerio de Planificación (Mideplan).
“Apoyaré un proyecto de Ley de Empleo Público que sea serio y resuelva las injusticias actuales, algo que no se logra con el proyecto a como está en la corriente legislativa”, dijo en sus redes la semana pasada.
Por su parte, el oficialista Welmer Ramos ha estado en contra de la propuesta por aspectos como la inclusión de universidades públicas dentro del ámbito de aplicación así como por la objeción de conciencia.
Ésta última, da oportunidad a los funcionarios a no asistir a capacitaciones en caso de que riñan con sus convicciones morales y religiosas.
“Creo en una Ley de Empleo Público pero no es ésta. Las severas inconstitucionalidades que tiene en materia de autonomías, la violación de derechos laborales y la grave mal llamada “cláusula de objeción de conciencia” me impiden dar un voto afirmativo”, escribió en sus redes sociales.
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¿Por qué sí?
Justamente, Muñoz y Thompson anunciaron en noviembre anterior que presentarían un nuevo proyecto de ley de Empleo Público.
Sin embargo, la iniciativa nunca llegó a la corriente legislativa. El verdiblanco apeló a que había una negativa del Poder Ejecutivo en convocar este proyecto de ellos.
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Por tal motivo, se inclinó por negociar para la inclusión de sus propuestas al 21.336 mediante mociones.
“Decidimos pelear para que se incorporaran muchas propuestas en el dictamen final, todavía hay cosas por discutir pero me siento satisfecho”, manifestó Thompson.
Su compañero de bancada, Carlos Ricardo Benavides, también informó que al momento de la votación lo hará a favor.
En esta misma línea, el mariachi Erwen Masís lo apoyará porque representa un ahorro del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en los gastos del Gobierno Central y 0,6% del resto del sector público.
“La planilla actual representa un 50% de los ingresos tributarios, una condición insostenible para el momento que atraviesa el país”, declaró a El Observador.
“Hoy, estamos discutiendo una propuesta que, aunque puede tener áreas de mejora, aprobarla puede significar un paso en la vía correcta”, resaltó Masís.
A las puertas
El lunes 24 de mayo culminó en Plenario el trámite de mociones de reiteración así como de revisión.
Debido a esto, se envió el documento final a consulta a varias instituciones y tienen un período de ocho días para responder según Silvia Hernández, presidenta del Congreso.
Luego, iniciará la discusión en primer debate y en caso de ser aprobado, iniciará su camino en la Sala Constitucional debido a posibles consultas facultativas. Para eso, se requieren al menos diez firmas de diputados.
Los magistrados tienen un mes para emitir resolución y así, volver a la Asamblea Legislativa ya sea para modificaciones o votación en segundo debate.
Para su aprobación final requerirá mínimo de 38 votos a favor. Foto: Asamblea Legislativa.
