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Consumidores insatisfechos con primer año de gobierno de Alvarado

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La culminación del primer año de gobierno del presidente Carlos Alvarado deja un sinsabor a los representantes de las asociaciones de consumidores del país, quienes consideran que la actual Administración ha hecho oídos sordos a las peticiones e intereses de los clientes y usuarios costarricenses.  

La continuidad a la restricción del aguacate mexicano, la actitud titubeante respecto a las plataformas alternativas de transporte y la falta de mayores exigencias para las ventas a plazo, son solo tres de los temas polémicos que provocan la disconformidad de las agrupaciones que velan por los derechos de los consumidores.

“En el caso del aguacate, se trata de una política proteccionista y sin sentido heredada del Gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue mantenida por la actual administración, sin importar que la defensa de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio le vaya a costar a todos los costarricenses más de $500.000, unos ¢300 millones”, aseveró Gilberto Campos, vicepresidente de la asociación Consumidores de Costa Rica.

Añadió que hasta la fecha el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no ha logrado demostrar de manera técnica o con trabajo de campo que Costa Rica esté libre del viroide de la mancha de sol. “El resultado es que los altos precios del aguacate se mantienen”, insistió. 

También la falta de una decisión contundente sobre las plataformas alternativas de transporte es un tema controversial para quienes representan los intereses de los usuarios. 

Las asociaciones consideran que el Gobierno solo ha prestado oídos a las demandas de los taxistas y señalan como una contradicción que un mismo proyecto de ley sea apoyado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero adversado por Ministerio de Hacienda. 

“Creemos que es un año para olvidar. El proyecto de ley de Uber ‘nos pone los pelos de punta’ porque ‘taxifica’ los servicios de transporte. Y el gobierno se sigue plegando a una pequeña minoría, en una actitud de exacerbado control”, dijo Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL).

También preocupa a los defensores de los consumidores que en el último año no se haya creado legislación que respalde las ventas a plazo rigurosamente.

“Con respecto las ventas a plazo -como los servicios fúnebres, los paquetes de turismo o los proyectos inmobiliarios- existe una obligación de que el Ministerio de Economía los registre, para lo cual se establecen varios requisitos; entre ellos, demostrar que las empresas tienen suficiente capacidad financiera para brindar el producto o servicio. En caso de que incumpla, se debería ejecutar un seguro de caución que garantice la devolución de los recursos y esto no está sucediendo”, explicó Adriana Rojas, presidenta de la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero (Aprodeco).

En su opinión todavía hace falta que el Poder Ejecutivo establezca políticas públicas de Gobierno que respalden al consumidor en estos temas.

Sin voz para la canasta básica

En el caso de Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres, las quejas también se extienden a la definición de la canasta básica y el intento de usar etanol en la gasolina este año. 

“El Ministerio de Hacienda ni siquiera se tomó la molestia de responder los cuestionamientos técnicos que las organizaciones de consumidores les hicieron, el interés por gravar la mayor cantidad de productos alimenticios imperó en el Ministerio sin importar criterios nutricionales, funcionales o tan siquiera de mitigación de la pobreza. Hoy los consumidores deberemos pagar más por lo que nos comemos”, indicó Campos.

Dichas asociaciones aseguraron que mantendrán estos temas en el pliego de peticiones y exigencias al Poder Ejecutivo durante el segundo año de Gobierno que comienza este miércoles.


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