Rodrigo Díaz
Si bien las instituciones del Estado continuaron brindando atención a la ciudadanía durante la pandemia, aún deben hacer ajustes para brindar un mejor servicio, según una evalacuión realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
Uno de los principales señalamientos del ente contralor fueron para el sistema educativo, principalmente en relación con las acciones de monitoreo para asegurar que no se interrumpieran los servicios, entre otros factores.
El estudio en mención fue un análisis realizado sobre la continuidad en la prestación de 21 servicios críticos en 90 instituciones públicas durante la emergencia sanitaria.
Se analizó tanto la gestión institucional del servicio público como la opinión de las personas usuarias, con base en diferentes fuentes.
De acuerdo con la Contraloría, y basado en la opinión de las personas consultadas, “existen brechas en los componentes de adaptabilidad, accesibilidad, transparencia y satisfacción de la persona usuaria, lo que hace necesario la implementación de acciones para el ajuste de su funcionamiento ante las nuevas circunstancias”.
Añadió que también existen deficiencias en la comunicación de los ajustes de horarios y modalidades de atención, acceso al servico y la rendición de cuentas respecto a la prestación de dicho servicio.
De acuerdo con la CGR, el financiamiento a la producción obtuvo una de las mejores notas, con una gestión institucional óptima de conitnuidad del servicio (el único servicio con nota óptima), aunque los usuarios reconocieron ciertas dificultades de acceso al crédito.
Los servicios hospitalarios (emergencias), energía eléctrica y telecomunicaciones tuvieron una calificación “avanzada”, mientras otros, como la atención en Ebais, abastecimiento de agua y atención a grupos vulnerables recibieron una nota de “intermedio”.
Los de menor evaluación en la prestación del servicio fueron la generación de empleo, apertura de mercados y encadenamientos productivos, seguridad alimentaria, atención a personas mayores y seguridad ciudadana, entre otros.
Brecha en educación
Las mayores críticas recayeron en educación. En relación con los servicios de educación se evaluaron cuatro niveles, que en el ámbito de gestión recibieron una calificación de “intermedio”.
Sn embargo, tuvieron la opinión más baja de las personas que calificó dichos servicios como de continuidad “básica”.
“Se refleja una importante brecha respecto a la puesta en práctica de la estrategia de continuidad y la necesidad de que las entidades responsables realicen acciones de monitoreo del proceso de implementación del modelo de actuación establecido, con el fin de asegurar la atención ininterrumpida de los servicios en el contexto de la emergencia”, apuntó la Contraloría.
Respecto a la educación primaria y la secundaria diurna y nocturna, el informe detalló que existen debilidades en la definición de responsables, la coordinación interinstitucional, la asignación del recurso humano y el monitoreo. También hay fallas en la cobertura de la población objetivo y en la adaptación de los procesos educativos.
Para el servicio de educación técnica, si bien se han realizado esfuerzos por parte de las entidades para evaluar la calidad y la satisfacción de las personas usuarias, existen brechas en el grado de atención de la población objetivo en el contexto de la emergencia, puntualizó el estudio.
Otra categoría cuestionada fue Seguridad Ciudadana. El informe específicamente se refiere a acciones de prevención y respuesta para los funcionarios que se encuentran en primera línea de combate contra la pandemia. No obstante, en el apartado de la opinión ciudadana se valora el esfuerzo de estos colaboradores en resguardo de la seguridad ciudadana, con lo que la percepción fue de un nivel intermedio.
Puede ver el análisis con más detalle aquí.
Rodrigo Díaz
