Juan Pablo Arias
Durante 2020, alrededor de 3,6 billones de cigarrillos ilegales se comerciaron en Centroamérica y el Caribe, que representan un 40% del mercado y una defraudación fiscal aproximadamente de $250 millones anuales.
De acuerdo con el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por Nielsen (Líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica), basado en una muestra aleatoria y representativa de 1.150 cajetillas recogidas en las principales ciudades del país, un 87,9 de cada 100 cigarrillos consumidos en Panamá son de contrabando.
La mayoría de estos cigarrillos ilegales provienen de India y Corea del Sur, ingresan a la zona libre de Colón, en Panamá, desde donde se declara que el contenedor sale con otro producto, se transporta hacia Costa Rica vía terrestre pasando por Paso Canoas o por mar y continúa su ruta hacia el resto de la región.
En 2016, el estudio de Nielsen mostró que el 60,8% de los cigarrillos que se consumían en las calles de Panamá eran ilegales, en 2018 la incidencia subió al 73,4% y en 2019 el estudio mostró que el 79,9% del mercado de cigarrillos en Panamá no pagaba impuestos.
Estos cigarrillos son fácilmente identificables pues las cajetillas no incluyen las advertencias sanitarias obligatorias establecidas por el Ministerio de Salud, y en su lugar tienen las de otros países (del Caribe o Nicaragua, donde no tienen o tienen muy poca distribución) que sirven de fachada para su envío y distribución desde la Zona Libre de Colón, en la provincia panameña de Colón.
El estudio también muestra que el 96,5% de los cigarrillos que se consumen en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, son libres de impuestos, seguido por el corregimiento de Las Cumbres en Panamá Norte, donde los cigarrillos de contrabando representan el 91,5% del mercado.
Aumento de contrabando preocupa ante proyecto de ley
Actualmente se discute en la saliente Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley impulsado por la Red Nacional Antitabaco, que pretende implementar el empaquetado nuestro para las cajetillas tanto de cigarrillos como de vapeadores y tabaco calentado.
Los proponentes aducen que esta medida evita la utilización de cajetillas como un elemento promocional o atractivo por parte de la industria tabacalera y por consecuente favorece en la reducción del consumo del tabaco.
Sin embargo, sectores como la Cámara de Industrias, la Unión de Cámaras y la Asociación Nacional de Consumidores mostraron oposición ante el mismo, por su preocupación ante el impacto que la medida pueda tener en aumento del contrabando ilícito.
En Costa Rica, 6,3 de cada 10 cigarrillos que se consumen son de contrabando y no cumplen la normativa en cuanto a pictogramas y advertencias establecidas por ley, a lo que se suma el fuerte impacto que tiene el comercio ilícito de estos productos en la defraudación fiscal. Se estima que anualmente la pérdida fiscal ronda los 38 billones de colones en un país que cuenta con un déficit fiscal de 8,1% del PIB.
De acuerdo con un informe de la Policía de Control Fiscal, durante el primer semestre de 2021 se decomisaron un total de 13.712.842 cigarrillos y habanos. Las provincias donde hubo mayor incautación de cigarrillos de contrabando fueron Puntarenas y San José.
