Paulo Villalobos
La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR) anuló la adjudicación de un contrato entre el Ministerio de la Presidencia y la agencia de publicidad Bambú Capital Sociedad Anónima.
El polémico pacto consistía en el pago de ¢150 millones para la elaboración de productos del Ministerio de Comunicación.
La resolución del órgano descentralizado se dio de oficio, luego de que se conociera un recurso de apelación interpuesto por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
La impugnación tenía que ver con temas de evaluación y asignación de puntaje resultados del concurso.
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Aunque la apelación se declaró sin lugar, el ente contralor resolvió la suspensión del trámite en el tanto que la cartera faltó a su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para permitir a una empresa ser objeto de contratación.
“Por ello, el Ministerio de Presidencia desconoce si la oferta seleccionada resulta idónea frente a las reglas del concurso; lo que justifica la anulación de oficio por parte de la Contraloría General de la República, dada la falta de motivación de si la adjudicataria es efectivamente la oferta que mejor satisface el cumplimiento del interés público”, señaló el órgano.
Ahora corresponde que Presidencia realice un cumplimiento integral de requisitos a partir de los documentos de las ofertas. Esto para luego disponer si procede o no a buscar una nueva adjudicación.
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Múltiples cuestionamientos
El proceso de contratación de Presidencia con Bambú estuvo rodeado de polémica y cuestionamientos.
El Observador dio a conocer las cartas con que José María Figueres y el exjefe de campaña de Rodolfo Piza, Johnny Leiva, respaldaron la supuesta experiencia de la agencia publicitaria en comunicación política. Pero Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se desmarcaron de los documentos.
Mientras la organización liberacionista señaló que nunca se reportaron los contratos como parte de la campaña figuerista, la Unidad Social Cristiana emprendió un proceso de investigación contra su militante.
Posteriormente trascendió que la agencia de publicidad afirmó que contaba con un servicio de medición de audiencias por parte de la empresa Kantar Ibope Media. Pero esa compañía negó tener a Bambú entre sus clientes.
En los documentos presentados durante el concurso, el presidente de Bambú Capital, Erick Apuy Achío, declaró bajo fe de juramento que su negocio contaba con los servicios de TV Data para “conocer audiencias de televisión, costo por punto rating y costo por millar”.
Se hizo pública una carta en la que Kantar Ibope le reclamaba a Bambú el uso de su nombre en el documento legal. Además le solicitaron retirarlo del paquete con el que se presentaron ante el Poder Ejecutivo.
Ante las dudas, la propia ministra de Comunicación, Nancy Marín, pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que se investiguen los hechos denunciados.
Paulo Villalobos
